Por Alberto Ciampini. El diputado nacional y presidente de la Comisión de Discapacidad sostiene que el proyecto que intentan convertir en ley se sitúa en un nuevo paradigma social considerando a las personas con discapacidad sujetos plenos de derechos.
En octubre de este año logramos dictaminar el proyecto de ley integral de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en el seno de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados la Nación. Luego de ese avance, el proyecto fue girado a la comisión de presupuesto y depende ahora de la voluntad del oficialismo para convertirse en ley.
En el año 2016 este proyecto también había sido dictaminado, incluso con las firmas de todo el arco político, pero al llegar a la Comisión de Presupuesto fue “cajoneado” y perdió estado parlamentario. Este año lo volvimos a presentar, lo mejoramos con un intenso trabajo de los asesores y finalmente lo volvimos a dictaminar. Esperamos que este proyecto de ley que constituye un paso en la ampliación de derechos, pueda seguir su curso en este 2019.
En este sentido cabe mencionar que dicho proyecto deroga la Ley 22.431 (“Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas”) que fuera sancionada en el año 1981 en el marco de la dictadura cívico-militar. En aquel momento, disuelto el Congreso Nacional, no existían representantes legítimos para sancionar nuevas leyes. ¿Cómo pretender una ampliación de derechos en el marco de semejante proceso de restricción y privación de derechos fundamentales, incluyendo el de la vida misma?
También vale la pena resaltar, como contraposición histórica, lo que fue la Ley 20.923, sancionada en 1974, que fue la primera ley que en Argentina estableció un cupo de 4% de trabajadores con discapacidad en el ámbito público y privado, y que adoptó una mirada social en la temática de la discapacidad. En ese marco el Servicio Nacional de Rehabilitación había funcionado no sólo como lugar de rehabilitación y de realización de deporte adaptado sino también como lugar de reunión del Frente de Lisiados Peronistas y otras organizaciones que en 1974 conquistaron dicha Ley que constituyó un importante avance. Avance derogado por la dictadura.
En el año 2006, la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, dependiente de Naciones Unidas brindó la producción de un marco jurídico sobre la materia, que se dio mediante una construcción colectiva con aportes de los representantes de los países integrantes y de los principales movimientos y organizaciones del mundo de las personas con discapacidad, con un grado de participación inédito en la historia de los procesos de sanción de tratados internacionales. Dicho contexto es diametralmente diferente al de producción de la Ley 22.431, donde a las amplias mayorías les estaba vedado participar de la vida política.
En la actualidad dos marcos jurídicos conviven en Argentina en materia de inclusión de personas con discapacidad: la Convención y la Ley 22.431, lo que genera una contradicción.
El proyecto que buscamos convertir en ley se sitúa en un paradigma social que adopta los supuestos de la Convención. Así se busca romper con el modelo médico y biologicista de la discapacidad que la considera una enfermedad. Las concepciones acerca de la discapacidad no han sido siempre las mismas. Como en tantas otras áreas ha habido cambios sustanciales en las últimas décadas. Desde un modelo que tuvo su origen en la Edad Media, en donde las personas con discapacidad eran percibidas como una carga familiar y social, pasando el modelo médico o rehabilitador que, en la década del 60, justificó políticas centradas en la asistencia y la protección, alejadas del respeto por la autonomía personal, hasta nuestros días al considerar a las personas con discapacidad sujetos plenos de derechos.
El Gobierno de Macri anunció el Plan Nacional de Discapacidad como un conjunto de políticas públicas para las personas con discapacidad, pero hasta ahora es más un anuncio de marketing comunicacional que una realidad concreta. En este contexto creó por decreto 698/17 la Agencia Nacional de Discapacidad y suprimió la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las personas con Discapacidad (CONADIS), sin consulta previa con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
Este nuevo organismo que depende de la Secretaria General de Presidencia de la Nación, ya cuenta con varias denuncias y protestas por supresión de pensiones no contributivas sin aviso ni revisión previa, por falta de pagos a los prestadores del programa Incluir Salud, cierre de oficinas descentralizadas y por despido de personal entre otras.
Durante el gobierno anterior, luego de la ratificación de la Convención se facilitaron el otorgamiento de los certificados de discapacidad. Esto permitió el reconocimiento de derechos a cerca de un millón de personas con discapacidad. La actual gestión dio de baja pensiones por invalidez argumentando una “depuración” del padrón, en un cambio radical de las políticas del estado hacia los más vulnerables amparados en un decreto del gobierno de Menem de 1997, que pasa a los solicitantes por el tamiz de mayores requisitos, por ejemplo, el que tengan un auto o familiares con beneficios previsionales y se los excluyó de este beneficio que como sujeto de derecho tenía.
En este contexto, la normativa que proponemos y que esperamos convertir en ley propicia políticas públicas que aseguren: acceso a la información y visibilidad social; aumento de los cupos en el acceso al empleo en el ámbito estatal (5%) y en el sector privado (2% en las empresas que tienen más de 51 trabajadores y 4% en empresas que tienen más de 100 trabajadores); federalización del acceso a la salud, rehabilitación y la cercanía al lugar de residencia; acceso a la Justicia: se asegura la participación, comprensión y toma de decisión, autonomía e independencia de la persona con discapacidad con ajustes y adaptaciones de procedimientos; construcción de una educación inclusiva: Accesibilidad física, comunicacional y académica; compatibilidad entre las pensiones no contributivas y otro tipo de ingresos; Deporte y Actividad Recreativa como herramientas de inclusión.
Es hora de que tengamos una ley integral, basada en los derechos humanos, amplia y transversal, que tome en cuenta los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como marco internacional, y nuestra normativa nacional en diferentes campos, de manera transversal.
