La sesión iniciará a las 12.30 y estará atravesada por los casos de abuso sexual que se conocieron en los últimos días. También se votará un acuerdo comercial entre el Mercosur y Chile.
Mientras las denuncias por abuso sexual se extienden y ponen en alerta al mundo de la política, la Cámara de Diputados sesionará este martes desde las 12.30 para aprobar el proyecto de ley contra las barrabravas y la denominada “Ley Micaela” sobre violencia de género.
La sesión -que sería la última del período extraordinario en la Cámara baja- estará atravesada por los casos de acoso sexual que se conocieron en los últimos días, sobre todo el del senador de la UCR Juan Carlos Marino, quien evalúa pedir que le quiten los fueros.
Con el tema de la violencia de género en agenda, el Poder Ejecutivo se vio obligado a ampliar el temario de extraordinarias para incluir la “Ley Micaela”, que tomó ese nombre en homenaje a Micaela García, la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.
La iniciativa, que fue impulsada por el bloque del Movimiento Evita, establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías.
Según este proyecto, cada organismo estatal definirá la modalidad de las capacitaciones -que deberán ponerse en marcha dentro del primer año de vigencia de la ley-.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), como autoridad de aplicación de la norma, deberá certificar la calidad de esas capacitaciones, y tendrá a su cargo las que correspondan a las máximas autoridades de cada poder.
Por otra parte, Diputados abordará el proyecto contra las barrabravas, que estaba listo para ser votado la semana pasada, pero no avanzó por diferencias entre los diputados en torno a la redacción final.
En el marco de las últimas negociaciones, cobró fuerza un planteo de la Coalición Cívica, en el que coincide el Frente para la Victoria-PJ, para que funcionarios e integrantes del Poder Judicial no puedan integrar las comisiones directivas de los clubes.
“La ley de barras es una oportunidad para separar la política y la justicia del fútbol. Pediremos que sea incompatible con el ejercicio de la función pública ser directivo de cualquier órgano de los clubes, así como de AFA, FIFA y Conmebol”, informó este lunes la cívica Paula Oliveto.
El proyecto en discusión sanciona con distinto grado de dureza a aquellos que porten armas en espectáculos deportivos; que ocasionen avalanchas; que ejecuten agresiones o intimidaciones; que obstruyan el tránsito; y que revendan entradas -entre otras conductas-, con agravantes cuando intervengan barrabravas o dirigentes.
En la sesión también se votará un acuerdo comercial entre el Mercosur y Chile, firmado el 4 de enero último en Montevideo, Uruguay, que según la oposición es perjudicial para las economías regionales de la zona cuyana.
