El último tema debatido en la Cámara de Diputados este año fue el acuerdo Mercosur-Chile, cuyo tratamiento no había prosperado días pasados en oportunidad de la primera sesión extraordinaria en ese cuerpo. El mismo fue aprobado cerca de la 1.30 de este miércoles por 113 votos a favor, 44 en contra y 4 abstenciones.

Hace dos semanas la oposición encabezada por el diputado kirchnerista mendocino Guillermo Carmona había cuestionado el acuerdo que hace más de un mes ya fue aprobado en Chile. Ante las divergencias planteadas desde el kirchnerismo respecto de un supuesto perjuicio para las economías regionales que implicaba el acuerdo con Chile, se decidió la vuelta a comisión del proyecto.

En esa oportunidad la moción de Carmona en ese sentido consiguió 118 votos a favor y 94 en contra.

El oficialismo incluyó el tema nuevamente en la reunión de este martes, pero al alterarse el orden del debate el proyecto quedó para el final, lugar reservado originalmente para el proyecto de ley Micaela. Al cabo del debate del proyecto anti barrabravas, se votó una moción para modificar el orden, cuestión de no hacer esperar más a los familiares de Micaela y otras víctimas de violencia de género que presenciaban la sesión.

Eso encendió las luces de alarma en el oficialismo, y la diputada del Pro Silvia Lospennato pidió garantías de que luego del debate de la ley Micaela la oposición no se retiraría para dejar la sesión sin quórum.

Las dieron desde el interbloque Argentina Federal y el massismo, aunque desde el kirchnerismo Julio Solanas -quien había pedido alterar el orden- no fue muy concreto, pero alcanzó para que se aceptara la modificación. En rigor, el FpV se quedó para el debate de ese tema, que se dio pasadas las 12.30 de la noche.

Arrancó la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cornelia Schmidt-Liermann, quien llamó a “demostrarle al mundo que no solo tenemos riquezas, sino que también compartimos valores” con la nación hermana. Aseguró que el acuerdo establece elementos “más que positivos para las pymes”, y pidió tener “sabiduría y sensatez para saber que las reglas de juego que ponemos no son para jugar al truco para ver quién gana y quien se perjudica”.

Guillermo Carmona, que hace dos semanas había impulsado el pase a comisión del proyecto, señaló que no se había cumplido el objetivo de esa decisión. Contó que el jueves se habían enterado de que para esta sesión se incorporaba ese tema, y que el viernes lo había llamado la presidenta de la comisión, Cornelia Schmidt-Liermann lo había llamado para ofrecerle el contacto con funcionarios del Ejecutivo. Le agradeció, y recordó que ellos pedían dos cosas: el estudio del impacto económico de ese acuerdo y la participación de organizaciones empresariales y de trabajadores que tuvieran que ver con las temáticas abordadas por ese trabajo con Chile.

“Más allá de la buena predisposición de la presidenta, no existía el estudio de impacto, no hay estudio de impacto económico de este tratado”, apuntó. Carmona señaló que les dijeron que no hacía falta ese estudio porque el acuerdo no modifica los criterios arancelarios. “Ya rige el arancel cero; el problema es que este no es un acuerdo de comercio, nosotros estamos advirtiendo que sí existen impactos económicos, lo hemos señalado en forma especial en relación con la cuestión de las compras públicas”.

Según Carmona, “el problema no es argentinos versus chilenos o al revés”, sino que se trata de “corporaciones frente a pymes, empresas nacionales respecto de las grandes transnacionales. No hay estudio de impacto económico, no sabemos el impacto que va a tener el acuerdo”. Consideró que “estamos ante una medida de naturaleza desregulatoria”, y cuestionó la “liviandad absoluta en el tratamiento” del tema.

Luego fue el turno del exministro de Economía Axel Kicillof, quien calificó a la medida como “fuera de tiempo” y acusó al Gobierno de “firmar a tontas y a locas tratados de libre comercio”.

Desde el interbloque Argentina Federal, Martín Llaryora aclaró que “necesitamos integrarnos con el mundo”, y señaló que “esa inserción tiene que ser inteligente, cuidando cada uno sus industrias”. Tras destacar que votarían a favor, resaltó la potestad que le asiste al Congreso de avalar o no los acuerdos con otros países, y al recordar que este es “un gobierno de minorías”, le reclamó entonces que vaya generando un procedimiento distinto para ese tipo de situaciones, cuestionando la manera como trató de imponerse ese acuerdo que derivó en la vuelta a comisión del proyecto. Esa situación, señaló el diputado cordobés, “genera algunos roces que no tendríamos que tener, producto del mal manejo de situaciones”.

Por otra parte, Llaryora recordó que con Chile “tenemos superávit comercial, no es una relación menor”.

El massista Alejandro Grandinetti destacó por su parte la diplomacia parlamentaria impuesta por la gestión de Emilio Monzó, que lleva a este Parlamento a “tener una política de Estado”. Si bien se manifestó favorable a “contribuir a la construcción de ese acuerdo con el hermano país de Chile”, recordó que “no fueron consultados ni siquiera los actores económicos involucrados”. Y agregó: “El aislamiento del Poder Ejecutivo en muchos temas también se refleja en este tratado”.

A su turno, el diputado Martín Lousteau recordó que cuando hace dos semanas se decidió la vuelta a comisión del proyecto, ellos habían votado de ese modo porque se había trabajado poco con el proyecto, y se trataba de “un tema muy específico que ni siquiera los economistas conocemos bien. Requiere más tiempo”, dijo, aunque aclaró que “ya tenemos un acuerdo de complementación económica, y este es un acuerdo que complementa que no modifica sustancialmente lo que tenemos en el comercio. No va a dar lugar a una avalancha de importaciones. Los problemas que hubo, ya existieron con el actual marco de acuerdo con Chile”.

“Con arancel cero tenemos con Chile el superávit más alto que con cualquier otro país. No hay nada sustancial cambiando, no va a haber avalancha de productos chilenos”, aseguró.