En un mar de discrepancias y falta de consensos sobre temas relevantes que nos mejoren como sociedad, los argentinos encontramos suelo firme cuando hablamos de inseguridad, una base compactada por nuestra opinión unánime.

La ausencia de diálogos que propicien una agenda común para el crecimiento económico, social, cultural y educativo es una deuda pendiente de la democracia recuperada en 1983, pero ante la inseguridad, y más allá de las diferencias que puedan argumentarse respecto al origen de la misma, y de las soluciones (teóricas) para revertir este proceso, nadie pone en tela de juicio que desde hace 30 años todos los indicadores han empeorado en cuanto a hurtos, robos, asesinatos en ocasión de robo, crecimiento del narcotráfico y delito organizado.

Con semejante panorama sombrío, a algunos les puede parecer una extravagancia intelectual plantear que una sociedad más igualitaria e inclusiva reducirá la inseguridad drásticamente y sin magia. Hace 25 años, el escenario era el mismo y en lugar de iniciar políticas de fondo, la Argentina deambuló entre la mano dura, el gatillo fácil, el endurecimiento de las penas y el garantismo.

Los países occidentales donde la inclusión social es una realidad, donde las desigualdades se acortan, se dan el lujo de tener índices reducidos de inseguridad aún con leyes más benignas que las nuestras y con límites estrictos a las fuerzas represivas del Estado. Así entonces, las diferencias entre ellos y nosotros.

Hoy es indispensable y urgente plantear un fortalecimiento en políticas de seguridad para el contexto actual de clara indefensión de los ciudadanos, una cohesión entre la prevención, la aprehensión, el castigo y la rehabilitación de quienes infringen la ley. Ubicar a las víctimas en el rol primordial de esas políticas ha sido un gran avance. Y sería de una gran madurez democrática no caer en discusiones banales o retóricas, para no repetir historias de fracaso.

Al protocolo propuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para las fuerzas federales puede encontrársele un aspecto positivo: como herramienta de comunicación se da un fuerte mensaje a los vapuleados ciudadanos víctimas de la inseguridad cotidiana, también a las maltratadas fuerzas de seguridad. ¿Pero es solamente eso? Si, solamente eso. Y aún con el riesgo de no ser comprendidos por los ciudadanos, hartos de un Estado ausente, el protocolo tiene defectos que merecen ser criticados.

Hoy, la última instancia de defensa o herramienta de disuasión que posee un integrante de una fuerza de seguridad no es el uso de su arma de fuego reglamentaria, pues disparar puede ser la primera, rápida, racional y correcta decisión.

Plantear que los actuales procedimientos -por supuesto perfectibles- tornan lenta la reacción de los agentes es forzar la aceptación de un protocolo exagerado en sus permisos, que da por sentado, por ejemplo, que es claro diferenciar entre víctima y victimarios en medio de una situación límite, con 180 pulsaciones por minuto.

Un inocente, con estrés emocional provocado por una situación límite, puede transformarse en un “sospechoso en fuga” y quedar habilitado como blanco para las fuerzas de seguridad. La vaguedad de esta figura y el más permisivo uso de las armas de fuego, representan una amenaza para los derechos humanos y nos dejan al margen de nuestra Constitución y de tratados internacionales

Si actúan en cumplimiento del deber y usan las armas reglamentariamente, el accionar de los efectivos no es punible hoy por hoy. Lo que no podemos hacer en el futuro, es dar encuadre legal a abusos o a prácticas fascistas.

No defendemos victimarios. Tampoco en el nombre de las víctimas permitiremos que se generen nuevas víctimas. No es binario este debate, es más complejo y su tratamiento, en la práctica, exige mayor tiempo, dedicación y esfuerzo.

En la provincia de Buenos Aires, en la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, se fortalece el accionar policial sin incurrir en el error de sobreactuar y exagerar los protocolos. Los primeros resultados ya se pueden comprobar.

Estamos entrando a muchos barrios donde el Estado nunca lo había hecho, derribamos más de 80 bunkers de droga, sumamos efectivos y separamos a los policías y jueces que tenían connivencia o estaban relacionados con el delito.

Pusimos en marcha una reforma integral de la Policía Bonaerense que se enfoca en cuatro puntos: la transparencia, la profesionalización de la Fuerza, el equipamiento de nuestros agentes y la modernización de los sistemas.

La inseguridad no es una sensación. Durante muchos años se eligió mirar para otro lado o hubo complicidad. Esto se terminó, decidimos no ser parte.

Metodologías similares a las que promueve el protocolo elevado por la ministra Patricia Bullrich, como las de Carlos Ruckauf y Aldo Rico, que propusieron también el slogan “mano dura”, fracasaron. Retroceder nos llevará a tropezar con la misma piedra.