La iniciativa para combatir la violencia en el fútbol recibió en general 201 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Pero la discusión en particular se empantanó, y a propuesta de Martín Lousteau se aprobó una moción para que el debate vuelva a comisiones.
La aprobación del proyecto de ley contra las barrabravas quedó trunca en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada en general con 201 votos afirmativos, ninguno negativo y tres abstenciones. Pero la discusión del articulado se empantanó cerca de las 22 y se aprobó una moción para la vuelta del debate a comisiones.
Había pasado más de una hora desde la aprobación en general y varios diputados de la oposición manifestaban quejas por la desprolijidad del debate en particular, tratándose de penas. El detonante de la vuelta a comisión fue la falta de acuerdo respecto del artículo 10, que sanciona a aquellos que tengan en su poder entradas adulteradas.
Fue Martín Lousteau, líder del bloque Evolución, quien formuló la moción, que recibió 115 votos a favor, 84 en contra y dos abstenciones, de Nicolás Massot (Pro) y Marco Lavagna (Frente Renovador).
“No queremos adjetivar. Se han hecho esfuerzos muy grandes, no es un problema individual de la presidenta de la comisión (de Legislación Penal, Gabriela Burgos), pero este es un tema muy complejo para tratarlo de la manera en que lo hemos tratado”, advirtió, entre otros, el kirchnerista Adrián Grana.
El diputado aseveró que “cuando uno empieza a manosear las penas, pasan estas cosas”, y sentenció: “Lo más serio es no seguir con el tratamiento, porque vamos a hacer un mamarracho legislativo”.
La discusión siguió hasta que Lousteau pidió la vuelta a comisión. La oposición en pleno apoyó la moción, y también votó afirmativamente una integrante de Cambiemos: María Carla Piccolomini (Pro-Buenos Aires).
Si bien la votación no se completó, ya era un hecho que el proyecto no sería ley este año. El Senado resolvió no incluir el tema en la sesión prevista para este miércoles, postergando la discusión para 2019 a contramano de los deseos del Gobierno, que convocó a sesiones extraordinarias con este tema como principal.
La iniciativa fue desempolvada por el Poder Ejecutivo tras la frustrada final entre River y Boca por la Copa Libertadores. En la votación en general, obtuvo 201 votos afirmativos y ninguno negativo. Solo la izquierda, con sus tres diputados, se abstuvo.
El proyecto que cuenta con dictamen favorable transforma en delitos conductas que hoy son consideradas contravenciones, “cuando se cometan con motivo, en ocasión o vinculados a la realización de un espectáculo futbolístico, sus prácticas, entrenamientos o traslados”.
Así, se sanciona con distinto grado de dureza a aquellos que porten armas en espectáculos deportivos; que ocasionen avalanchas; que ejecuten agresiones o intimidaciones; que obstruyan el tránsito; y que revendan entradas -entre otras conductas-, con agravantes cuando intervengan barrabravas o dirigentes. También hay sanciones para los “trapitos”.
A propuesta del presidente de la Comisión de Deportes, Daniel Scioli (Frente para la Victoria-PJ), Cambiemos había aceptado incorporar un artículo sobre la creación de una base de datos unificada sobre antecedentes deportivos.
Pero el debate en particular demostró que aun quedaban cabos sueltos. Ni siquiera llegó a tratarse uno de los puntos más polémicos: la propuesta de la Coalición Cívica de Elisa Carrió sobre incompatibilidad de funcionarios e integrantes del Poder Judicial para ejercer como dirigentes de fútbol.
Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR) destacó que la ley anti-barras “no va destinada a los violentos”, sino a “la sociedad en general que quiere disfrutar de un partido de fútbol sanamente y sin violencia”.
Por su parte, Scioli subrayó que “una sociedad justa no se construye solo con más penas” y que “el Estado debe ser el principal garante, promoviendo políticas públicas y teniendo un protagonismo fundamental en la prevención de la violencia en el fútbol”.
En tanto, Facundo Moyano relató un episodio de violencia en el fútbol que le tocó vivir en el club Alvarado de Mar del Plata, y a partir de esa experiencia enfatizó que “hacer creer que los dirigentes son siempre cómplices es un error”.
Moyano, del interbloque Red por Argentina, destacó en ese sentido que el oficialismo aceptara un artículo propuesto por él sobre protección de los dirigentes que colaboren con la investigación.
También habló el exárbitro Héctor Baldassi, quien expresó que lo sucedido con el superclásico “nos ridiculizó frente al mundo”, y consideró que el proyecto “es un gran avance para recuperar el protagonismo de las familias” en los partidos de fútbol.
A su turno, la puntana Ivana Bianchi, viuda del recordado futbolista Juan Gilberto Funes, reclamó un mea culpa de parte de la AFA, a la que consideró también “cómplice de generar violencia”.
El radical Luis Petri defendió el endurecimiento de penas propuesto como método para contrarrestar este flagelo. “No alcanza -admitió-, pero esta ley es el instrumento que le tenemos que dar a jueces y fiscales para castigar a los violentos”.
Agustín Rossi, titular del Frente para la Victoria-PJ, recordó que el presidente Mauricio Macri fue 12 años presidente de un club, y se preguntó si no había conocido a los barrabravas, nunca había tenido relación con ellos y no sabía quiénes eran. Lo mismo dijo para el fiscal Carlos Stornelli, que había sido cuatro años secretario de Seguridad de Boca, o para el viceministro de Seguridad Eugenio Burzaco, que ocupó el mismo cargo en el club River Plate.
Al cierre del debate, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, precisó que “Argentina es el país con mayor cantidad de muertes en el fútbol, más de 300”, y añadió que “casi el 80% se produjeron desde 1983”. Además, recordó, “el ascenso se quedó sin público en 2007”.
“Los dirigentes del fútbol han mirado para un costado. Es cierto que los dirigentes deberían resolver este problema, pero también la incorporación del delito, del narcotráfico, de la asociación ilícita, ha obligado a que el Estado deba intervenir. Debe haber una voluntad política, porque si los dirigentes del fútbol no pudieron o no supieron, por complicidad, omisión, o por hacer negocios, debe aparecer el Estado para proteger la vida de los ciudadanos”, consideró el radical.
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