Con toda lógica, los representantes de Tierra del Fuego en el Congreso suelen reaccionar inmediatamente ante cualquier circunstancia que involucre a Malvinas. Es una obviedad: las islas en poder británico pertenecen a ese distrito. La gobernadora Rosana Bertone es la “máxima autoridad” en Malvinas y no el gobernador kelper, como sugirió en su fallido tuit el embajador argentino ante Londres, Carlos Sersale.

Por eso es que los diputados de esa provincia el martes y los senadores fueguinos el miércoles se pronunciaron en el recinto de manera muy crítica contra el diplomático argentino, cuya renuncia exigieron, entre otras cosas.

Ahora el gobierno de Tierra del Fuego dio un paso más al presentar un proyecto de ley para que cualquier acuerdo internacional relacionado con el tema Malvinas que vaya a suscribir el Poder Ejecutivo pase por el Congreso nacional. De lo contrario, será nulo. La presentación tiene que ver con el acta suscripta con el Reino Unido por la administración macrista a fines de 2016, que periódicamente le reprocha la oposición en el recinto.

En el texto del proyecto impulsado por la gobernadora Rosana Bertone tuvo participación, según informó La Nación, el exembajador Jorge Argüello, y consta de tres artículos en donde se establece que “todo instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, cuyo efecto y fin involucre directa o indirectamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes deberá contar con la aprobación del Congreso de la Nación”.

El proyecto de ley prohíbe la “celebración de instrumentos jurídicos internacionales mediante cualquier modalidad distinta a la establecida en la Constitución nacional para celebración y aprobación de tratados cuyo objeto involucre directa e indirectamente a las islas Malvinas”.