Nuevo revés judicial para la diputada nacional, que había cerrado 2018 con un fallo favorable de la Cámara de Casación Penal.
Malas noticias para la diputada nacional Aída Ayala: la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmó este martes la prisión preventiva dictada oportunamente en su contra.
Así fallaron los jueces Rocío Alcalá, María Denogens y Eduardo Ariel Belforte, que ratificaron de esta manera la decisión de la Cámara Federal de Resistencia, que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había anulado el 27 de diciembre pasado.
En su fallo, los camaristas expresaron este martes que “si bien es cierto que Ayala cuenta con arraigo personal y familiar -lo que podría neutralizar su no sometimiento a la autoridad del tribunal-, los elementos reseñados supra (gravedad y trascendencia económica y social de los hechos investigados, grado de probabilidad de su participación en los mismos, actuación organizada, pena en expecttiva, entre otros), sumado a la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción de la tramitación del juicio (habida cuenta sus vínculos y conexiones y la capacidad económica y operativa acreditada) tornan desaconsejable, por el momento, revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso”.
Para la Cámara “quedó acreditado que bajo la dirección de Aída Beatriz Máxima Ayala y Jacinto Amaro Sampayo se consolidó una asociación ilícita de carácter estable y permanente, producto del acuerdo de voluntades entre ellos”. Por tal motivo, la Cámara de Apelaciones estima que “procede rechazar la apelación intentada”.
La diputada radical fue procesada con prisión preventiva en el carácter de presunta jefa de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos a través de la contratación de empresas cercanas cuando se desempeñaba al frente de la municipalidad de Resistencia. En la Cámara baja su caso fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde esperaban una doble confirmación de su prisión preventiva, que parecía haber quedado desactivada con la resolución de Casación del año pasado.
En su momento, Aída Ayala sostuvo que “no hay ninguna prueba en el expediente, repito: ninguna, de que se hubiera modificado mi patrimonio, así como tampoco que hubiera algún beneficio indebido en esa contratación y/o sobre precio en el contrato, que sigue actualmente en vigencia”.
En referencia a la resolución original de la jueza Zunilda Niremperger, la diputada dijo que “la sentencia es groseramente arbitraria, no apoyándose en ninguna constancia de la causa”.
