La norma establece la capacitación en perspectiva de género de todas las personas que integren los tres poderes del Estado.
El Gobierno promulgó este martes la “Ley Micaela García” (N°27.499), que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La norma, sancionada por el Congreso en diciembre pasado, indica que “las máximas autoridades de los organismos, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género si estuvieren en funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones” que comenzarán a impartirse este año.
El Instituto Nacional de las Mujeres es la autoridad de aplicación de la presente ley. Este organismo, a cargo de Fabiana Túnez, tendrá que anualmente publicar en su página web “un informe anual sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, incluyendo la nómina de altas autoridades del país que se han capacitado”.
“Además de los indicadores cuantitativos, el Instituto Nacional de las Mujeres elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo”, agrega otro de los artículos de la flamante ley. Asimismo, se publicará “una reseña biográfica de la vida de Micaela García y su compromiso social, así como las acciones del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio”.
En su artículo 8, la norma establece que “las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas” serán intimadas en “forma fehaciente” por el INAM y “de conformidad con el organismo de que se trate”.
“El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del INAM”, añade.
La ley adoptó el nombre de Micaela García en homenaje a la joven de 21 años asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. El proyecto fue producto de iniciativas presentadas por las diputadas Analía Rach Quiroga (FpV-PJ) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita).
En la Cámara de Diputados se aprobó con 171 votos a favor y uno solo en contra, del salteño Alfredo Olmedo; mientras que en el Senado se convirtió en ley por unanimidad, con 59 votos positivos, el 19 de diciembre.
