Con casi cuatro mil iniciativas presentadas durante el año pasado, fueron varios los proyectos que no llegaron a debatirse y van desde la transferencia del puerto a un día sin autos.
Aunque el 2018 fue un año cargado de una intensa actividad parlamentaria, ya que la Legislatura porteña sancionó y modificó diversos Códigos de la Ciudad, a la Casa ingresaron 3676 iniciativas -ya sean de ley, resolución o declaración-, muchos de los cuales aún están pendientes de ser tratados por los legisladores.
Las propuestas son variadas: por un lado, hay proyectos tendientes a favorecer la transferencia del puerto al distrito capitalino; otros que buscan disminuir el impacto de los aumentos de las tarifas o que prevén evitar distintos delitos sexuales. También se impulsaron iniciativas que impulsan la paridad de género en distintos organismos y que buscan brindarles mayor seguridad a las víctimas de violencia de género; entre otras cuestiones.
Es por ello que se prevé que en el transcurso de este año varias de esas medidas puedan ser debatidas en Comisión y llegar al recinto. Sin embargo, tal y como ocurre en cada año electoral, la actividad parlamentaria se verá afectada por los comicios; esto se debe a que varios de los salones del Parlamento se destinan al recuento definitivo de los votos de la Ciudad, sumado a que cada espacio se aboca a su propia campaña.
Una Ciudad cada vez más autónoma
El diputado de Vamos Juntos Claudio Cingolani impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley, mediante el cual le solicitará al Estado Nacional la transferencia gratuita del puerto local, así como también el dominio, explotación y administración del mismo. De esta manera, se buscará reivindicar la jurisdicción de la Ciudad sobre dicha actividad.
Asimismo, la norma prevé crear el ‘Ente Administrador del Puerto de la Ciudad’, cuyas funciones primordiales serán la de “ejercer la administración del Puerto en lo referente a la prestación de todos los servicios relacionados con su actividad específica”, “fijar el régimen tarifario”, “otorgar permisos y concesiones para el desarrollo de sus actividades”, entre otras cuestiones.
A su vez, el Ente no podrá otorgar autorizaciones y habilitaciones que constituyan monopolios, y estará a cargo de un Consejo Directivo de seis miembros, integrado por tres representantes del Gobierno de la Ciudad y tres en representación de los sectores interesados en el quehacer portuario.
Al respecto de la medida, Cingolani consideró que “la ciudad no puede seguir perdiendo autonomía o recursos, debemos poder ejercer plenamente todos nuestros derechos” y resaltó que “la Aduana es de todos los argentinos pero el puerto es de la Ciudad”. 
¿PyMES y vecinos con menos impuestos?
Teniendo en cuenta la crisis económica que atravesó al país durante el 2018, el diputado del GEN Sergio Abrevaya impulsó una iniciativa para eximir de la contribución municipal e Ingresos Brutos (IIBB) a consumidores residenciales y a personas jurídicas que encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -PyMES- en las boletas de electricidad y gas en la Ciudad.
De acuerdo a la norma, la eximición propuesta se mantendrá por el término de tres años pudiendo ser prorrogada por el Poder Ejecutivo por un período similar. En los fundamentos, Abrevaya explicó que “la Ciudad según establece el artículo 400 del Código Fiscal establece una contribución del 6% como único gravamen sobre los ingresos brutos de venta de energía eléctrica” y señaló que “disminuir esta contribución y a nivel nacional el IVA significaría para un hogar una rebaja del 21% en la boleta de luz y para por ejemplo un pequeño comerciante monotributista una rebaja del 22%”.
“En el caso que se apruebe solo este proyecto, la rebaja inmediata en la boleta de luz sería del 6%”, explicó.
Violencia de género: más protección a la víctima y control al victimario
En medio de un fuerte crecimiento del movimiento de mujeres y luego de que la Legislatura porteña sancionara una reparación económica para las víctimas colaterales de femicidio, Vamos Juntos impulsó un proyecto de ley para que en los casos de violencia de género, familiar y/o doméstica se provea en forma obligatoria y gratuita un botón de alerta a las víctimas y una tobillera que permita la ubicación permanente del victimario.
El suministro de los mismos recaería en manos del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el objetivo de la propuesta es reforzar todas las medidas necesarias para asegurar una eficaz protección de las mujeres otorgándole la posibilidad de dar aviso ante una situación de emergencia, pero también poniendo la atención en la conducta del victimario que quedará monitoreado continuamente y expuesto frente a una eventual violación de la zona restringida para él.
Por otra parte, el oficialismo porteño presentó un proyecto a través del cual buscarán modificar la Ley 471 y el Estatuto Docente con el objetivo de prohibir el ingreso a personas condenadas por delitos sexuales al empleo público, más precisamente al ámbito de la docencia y trabajos auxiliares relacionados con la enseñanza escolar, primaria y secundaria del ámbito público.
De esa manera, la medida establece que “quienes hubieran sido condenados o estuvieren procesados con auto de procesamiento firme o situación procesal equivalente por delitos que atenten contra la integridad sexual de las personas, para el caso de quienes presten funciones en establecimientos de enseñanza preescolar, escolar y secundaria”. La limitación aplicaría a los aspirantes a puestos de trabajo auxiliares en los establecimientos de enseñanza (encargados, profesores de talleres extracurriculares, empleados de limpieza y demás trabajadores auxiliares).
Es así que la prohibición también regirá para aquellas personas humanas que presten o pretendan prestar servicios de cualquier tipo en escuelas o en cualquier otra institución u órgano dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad en los que realicen actividades menores de edad.
Una Ciudad de pares
Buscando fomentar la equidad de género en todos los ámbitos, la diputada de Unidad Ciudadana Andrea Conde impulsó la ‘Ley de Paridad Teatral’, mediante la cual se buscará garantizar la igualdad de oportunidades para todos los géneros en todas las áreas de trabajo, incluyendo los roles de planta, programación, técnicos y creativos, en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires (CTBA).
La medida había comenzado a debatirse en el seno de la Comisión de Mujer e Infancia a principios de 2018, sin embargo, la discusión se estancó y no llegó a ser debatida por los legisladores. El proyecto de ley hace mención a que, por ejemplo, en el Teatro San Martín “sólo en una oportunidad -entre mayo y noviembre de 1971- hubo una mujer como directora artística, la actriz Iris Marga, pero nunca en la historia una estuvo al frente de la dirección general”.
El CTBA es un organismo creado en el año 2000 que nuclea artística y administrativamente los cinco teatros públicos más importantes de la Ciudad: el Complejo General San Martín, Teatro De la Ribera, Teatro Alvear, Teatro Regio y Teatro Sarmiento. Desde su creación estuvo abocado a la promoción de disciplinas como teatro, danza, música, títeres, cine y fotografía; cabe remarcar que históricamente estas instituciones estuvieron dirigidas siempre por varones.
¿Un día sin autos?
El vicepresidente primero del bloque Vamos Juntos, Maximiliano Ferraro, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear el “Día sin autos”, con el objetivo de fomentar el cambio de formas de transporte automotor privada hacia medio de transporte público en lo preferente no contaminantes.
La medida se aplicaría los primeros domingos de cada mes, prohibiendo la circulación de todo tipo de vehículo automotor en la Avenida de Mayo desde su intersección con Bolívar hasta su intersección con la calle Presidente Luís Saenz Peña, de 12 a 18. Asimismo, establece que las líneas de colectivos que circulan por dicha avenida operaran por Rivadavia en el tramo en el que el tránsito se encuentre prohibido.
En los fundamentos de la normativa, Ferraro explicó que se “busca concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de desalentar el uso de automóviles en el espacio público” y señaló que “la iniciativa busca actuar de una manera simbólica, cuando una vez por mes una de las arterias más emblemáticas de nuestra ciudad los peatones puedan circular libremente en el lugar de los automóviles, tomando posesión del espacio público, que muchas veces se configura como un ambiente hostil hacia los transeúntes”.
Por otro lado, los diputados de Evoluciòn Patricia Vischi y Marcelo Guouman promovieron un proyecto de declaración, a fin de incentivar al Gobierno de la Ciudad a realizar estudios de factibilidad para la implementación del sistema de Telepase en los peajes de las autopistas del distrito para que pueda ser utilizado por motocicletas.
En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que “a partir del 1 de julio se eliminó la posibilidad de pagar con tarjeta SUBE en la red concesionada de peajes y por ende a partir de ese momento solo se puede abonar mediante el pago en efectivo o con el sistema Telepase” y consideraron que “en el caso de los usuarios de motocicletas, estos se ven perjudicados porque el sistema de Telepase no está previsto como forma de pago, solo se les permite el pago en efectivo”.
A su vez, insistieron que el hecho de abonar en efectivo “implica una serie de movimientos físicos que no solo hace que se pierda más tiempo, sino que también no pueden acceder a los beneficios del Telepase y los consiguientes descuentos”.
