Los diputados de Cambiemos Héctor Olivares y Marcelo Wechsler presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de amparo para que se impida la consulta popular a la que llamó el gobierno de La Rioja para el próximo domingo 27 de enero.

Tal convocatoria tiene el fin de que la ciudadanía ratifique o no la enmienda constitucional, aprobada en diciembre por la Legislatura local, que habilita la reelección del gobernador justicialista Sergio Casas.

Olivares, quien es diputado por este distrito y presidente de la UCR La Rioja, explicó que se presentó ante el máximo tribunal una medida cautelar y un amparo con el objetivo de “resguardar la Constitución de nuestra provincia que ha sido vapuleada, manoseada” y por el “respeto a las instituciones”.

En las redes sociales, los senadores riojanos Julio Martínez -precandidato a gobernador por Cambiemos- e Inés Brizuela y Doria llevan adelante una campaña con el hashtag #DecimosNOalaEnmienda, a la que se sumaron varios legisladores oficialistas como Mario Negri y Elisa Carrió.

Quien también pide votar en contra de la enmienda es el diputado justicialista Luis Beder Herrera, antecesor de Casas, que aspira a volver a ocupar el sillón provincial levantando la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El escrito solicita a la Corte Suprema que habilite la feria judicial de enero, declare su “competencia originaria” en el caso y “dada la urgencia y gravedad de la situación denunciada, la gravedad institucional que se vive en la provincia de La Rioja y la inminencia de los actos cuya nulidad e inconstitucionalidad se plantean” haga lugar a una medida cautelar urgente para “suspender el proceso de consulta popular”.

“Sergio Casas y sus aliados quieren mantenerse a toda costa en el poder para preservar su impunidad”, manifestó Olivares a la salida del Palacio de Tribunales, a donde acudió junto a Wechsler, interventor del Pro en La Rioja.

En el amparo, que cuenta con el patrocinio del abogado Ricardo Gil Lavedra, se realizan severos cuestionamientos al trámite legal por el cual se sancionó la Ley 10.161, que habilita a modificar la Constitución de La Rioja en el artículo 120 con el fin de permitir al actual gobernador acceder a un tercer mandato (fue electo vicegobernador en 2011 y gobernador en 2015).

Entre los argumentos, se planteó que la sesión extraordinaria de la Legislatura riojana del 19 de diciembre no fue convocada por el gobernador ni por el vicegorbernador, presidente de la Cámara de Diputados provincial, ya que lo hizo la vicepresidenta primera del cuerpo, Adriana Olima, excediéndose en sus facultades.

“En dicha sesión, se agregó un párrafo al artículo 120 de la Constitución que no sólo ‘permite’ la reelección del actual gobernador sino que introduce arbitrariamente la posibilidad de la reelección indefinida, y se convocó además a una consulta popular, en un término de no más de 45 días, para ratificarla”, reza el escrito.

En la presentación se señala que la convocatoria al plebiscito “realizada en pocos días y en pleno receso estival, quebranta el texto expreso de la Constitución que, en su artículo 177, exige que la consulta sea efectuada al pueblo en la siguiente elección general y, si es aprobada, recién comenzará a regir en el futuro. El apuro se explica por la espuria intención que la cláusula habilitante de la reelección pueda ser utilizada en los próximos comicios”.

Por otro lado, los partidos integrantes de Cambiemos señalaron que la Carta Magna provincial permite las enmiendas siempre que medie un interés general de la población, algo que en esta oportunidad no está a la vista.

“La urgencia de acudir ante V.E., en razón de su competencia originaria, radica en la necesidad de evitar que se consume el atropello constitucional que se denuncia, con el consiguiente deterioro institucional para la República y tratar que el pronunciamiento llegue en tiempo útil para que no se tornen ilusorias las garantías republicanas”, agrega el escrito.