Por José Angel Di Mauro

En la despoblada Casa Rosada se confiesan sorprendidos por una calma que contrasta con la montaña rusa que fue 2018. Un año que en la previa imaginaban “de crecimiento y reformas” (el “reformismo permanente” prometido con las urnas victoriosas recién abiertas, archivado presurosamente tras las catorce toneladas de piedras arrojadas en la Plaza de los Dos Congresos), y que terminó siendo de inflación galopante, maxidevaluación, recesión y recortes.

Con semejante antecedente, más de uno imaginó un diciembre que hiciera juego con la insólita tradición que ha hecho del mes de las fiestas una temporada abierta a los saqueos.

Sin embargo, con todos los elementos dispuestos para ese destino, el último mes del año fue de una inusual calma y llegó a su final sin sobresaltos. Mérito de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, pero también de las autoridades bonaerenses que trabajaron con mucha antelación en tareas de contención; y por qué no también de los intendentes ajenos, que resistieron la tentación de encender la mecha.

La calma se extendió al presente, en un verano que contrasta con otros de esta gestión y hasta del kirchnerismo. Sin animarse a festejar nada, el gobierno celebra por lo bajo que los mercados se mantienen calmos, con un dólar al que hubo que ayudar a subir, y sobre todo el retroceso de un índice que había encendido las últimas semanas las alarmas más visibles: el riesgo país. El indicador de JP Morgan, que hasta hace poquito superaba los 800 puntos, cayó el viernes a 672, el nivel más bajo en dos meses. Esto es, descendió 150 puntos en un mes, acumulando una baja del 19% en lo que va del año.

Claro que hay otros números, que también se conocieron esta última semana, que ponen límite a cualquier tipo de euforia que pueda asumir algún funcionario distraído. Básicamente los de la inflación. No por esperado, el 2,6% de diciembre dejó de ser alarmante, por más que muestre un descenso respecto de meses anteriores. Se trata de un porcentaje equivalente a la inflación anual de un país “normal”… con inflación un poco “alta”.

Ese porcentaje de diciembre llevó la anual a 47,6% para un año en el que se había pronosticado un 10% primero, y luego 15%, tras la “corrección” de la fallida conferencia de prensa del Día de los Inocentes de 2017. La mayor inflación en 27 años, aunque algunos economistas no tan críticos recordaron que hubo años del kirchnerismo con inflación muy elevada, como 2014, que si bien no llegó al nivel de 2018, tampoco se sabe a ciencia cierta qué número tuvo, pues el INDEC había dejado de ser confiable.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, brindó el viernes datos alentadores: la meta del déficit primario se sobrecumplió, al bajar a 2,4% este año, cuando en principio habían previsto 2,7. Recordemos que en 2017 el déficit fiscal primario se había reducido a 3,8%. Y es más, en el Presupuesto 2018 la meta fiscal era del 3,2%, porcentaje luego modificado en el marco del pedido de ayuda al FMI.

Ahora el objetivo es épico: bajar el déficit a 0 al final del presente año. Electoral, por si hace falta recordarlo. Menuda tarea, que de todas formas se espera pueda cumplirse, fundamentalmente por incidencia de las retenciones.

En este contexto es que la Argentina va adentrándose en el clima electoral, con encuestas de todo tipo que como siempre deben ser tomadas con pinzas, habida cuenta de que un elevado porcentaje define el voto en la última semana. Como sea, nadie puede esperar tanto para actuar en consecuencia.

Insólitamente, la figura política de lo que va del verano es nada menos que Roberto Lavagna, que sin decir una palabra ha logrado que todos hablen de él: el peronismo alternativo, que enarbola su nombre como eventual factor aglutinante; el progresismo, que no encuentra qué rumbo tomar y siente que la polarización lo hará trizas, por lo que se aferra a ese personaje para maquillar su alineamiento con un sector del peronismo; y hasta el kirchnerismo, que busca desactivarlo porque la proclamada unidad que necesitan se da de bruces con un tercero en discordia.

Pasa que Roberto Lavagna cuenta con un activo inusual en los tiempos que corren que es la elevada imagen positiva. Los que lo conocen, lo recuerdan como un buen piloto de tormenta para un tiempo de crisis, aunque hay que decir que cuando llegó en 2002 el trabajo sucio ya estaba hecho y las commodities “volaban”. También hay que tener en cuenta que el exministro no es tan conocido en un importante porcentaje de votantes que no recuerda su paso por la función pública.

Tampoco los antecedentes ayudan demasiado a Lavagna, que fue candidato presidencial en 2007 y salió tercero, detrás de Cristina Kirchner y Elisa Carrió. Sumó entonces un 16,91%. Para estas elecciones Lavagna tendrá 77 años.

Donde no ven con malos ojos una eventual candidatura del exministro de Economía de Duhalde y Néstor Kirchner es en el gobierno, nada menos. Allí no desconocen que el padre de Marco puede abrevar en el mismo electorado que Cambiemos y birlarle un porcentaje importante en primera vuelta; pero el dato importante es que consolidaría la presencia de un tercer sector al que hoy no ven como rival directo, y que le serviría para evitar una unidad opositora que no ven viable, pero que alienta la peor pesadilla.

Los estrategas del oficialismo veían con preocupación que el “peronismo alternativo” no pudiera hacer pie, y a un Sergio Massa enfrascado en una actitud indefinida, con gente de su sector hablando abiertamente de la necesidad de acordar con el resto del peronismo.

Roberto Lavagna bien podría ser un candidato unificador para ese sector al que sí o sí el gobierno quiere ver compitiendo en octubre.

Mientras el gobierno analiza las candidaturas ajenas con más interés que las propias, los gobernadores de la oposición van sumándose uno a uno a los desdoblamientos que harán de 2019 un año lleno de domingos electorales. Ya son diez las provincias que adelantarán sus comicios, y para octubre se espera que más de quince lo hayan hecho. Pero mientras esa alternativa se adopta con naturalidad en el interior, la oposición sigue poniendo el grito en el cielo ante la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires se haga lo mismo.

Cada vez son más los oficialistas que no ocultan su opinión favorable a un adelantamiento que ponga al peronismo en inferioridad de condiciones en territorio bonaerense, con María Eugenia Vidal asegurándose a priori la reelección en un distrito clave. Los intendentes propios son los principales interesados, y muchos aspirantes se ilusionan.

Un eventual triunfo allí contrastaría de paso con la sucesión de derrotas que seguramente tendrá Cambiemos en las provincias que adelanten. Pero ya ha dicho la propia gobernadora que hará lo que más le convenga al proyecto de reelección presidencial, y hoy por hoy los que trabajan en ello siguen pensando que lo mejor es que los distritos oficialistas jueguen todos juntos.

Hasta el propio Gerardo Morales, gobernador radical de Jujuy, dijo el miércoles pasado que lo más conveniente sería eso. Justamente él, al que hasta en el propio gobierno piensan que terminaría adelantando la elección. Música para los oídos del jefe de Gabinete y el asesor Jaime Durán Barba, que piensan que lo mejor es potenciar el apellido presidencial en las boletas con los gobernadores propios apuntalándolo en las mismas.

La decisión no se tomará ahora, sino más adelante, mínimo en marzo. Se verá el estado de la economía y qué tan cerca está de darse el “rebote” que optimistas y no tanto admiten que sucederá en algún momento. En la gobernación, según diversas fuentes, están decididos a desdoblar, aunque no romperán con Nación para imponer esa idea.

Como ya hemos dicho, les recordarán a las autoridades nacionales que mientras el Presidente definirá seguramente su suerte en una segunda vuelta, la provincia “se gana o se pierde por un voto” en primera vuelta. Y que una eventual victoria de Mauricio Macri en el balotaje “servirá de poco si pierde antes la provincia de Buenos Aires”.

Pasa que la continuidad institucional Cambiemos la tendrá supuestamente garantizada en tanto y en cuanto el manejo de la provincia de Buenos Aires siga en manos propias. De lo contrario, ningún diciembre Macri podrá dormir seguro hasta 2023.