En medio de las críticas y tras un fallo judicial que determino que el enrejado en Plaza de Mayo era ilegal, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, impulsó una iniciativa para modificar el nuevo Código Urbanístico y así regularizar la instalación de rejas en ese lugar. Además, explicó que dicho cerco de seguridad tiene por objeto “proteger, conservar y mantener el patrimonio”.

Es así que la medida cambiará un artículo de dicho Código, a fin de que se permita la colocación “de un cerco de seguridad (reja) emplazado de modo transversal desde Avenida Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia. Por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista”.

En los fundamentos de la medida, Larreta recordó que “en diciembre de 2001, en medio de una crisis institucional, social y política que hostigó a nuestro país, se colocó un vallado con el objetivo de preservar la Casa Rosada de los disturbios y el vandalismo de manifestantes, y principalmente para proteger la institucionalidad de la Sede de Gobierno” y resaltó que “se colocaron vallados de dos metros de altura con bases antivuelco: las vallas y sus sujeciones – instaladas de modo inicial, provisoriamente -, permanecieron diecisiete años después; fueron reforzadas y tomaron un carácter permanente, contaminando la visual y transformándose en parte del paisaje de aquella”.

“Ante la necesidad de proteger el acceso a la Casa Rosada, expresión de nuestras logradas libertades, se consideraron necesarias dos acciones: por una parte, el retiro de las vallas que perjudican la visualización de la Casa y restringían el uso de parte de la Plaza, y por otra parte lograr mantener la seguridad de la institucionalidad de la sede de Gobierno”, sentenció.

La polémica al respecto se había desatado luego de que el Ejecutivo porteño colocara un enrejado permanente en ese espacio, sin haber sancionado una normativa especial para tal fin y sin el apoyo de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH) -que debe dar su aprobación previa sobre toda intervención material sobre los bienes protegidos-.

Por ello el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Juzgado N°8, Osvaldo Otheguy, declaró que la instalación de rejas en ese espacio fue ilegal. De esta manera, la sentencia estableció que el Ejecutivo del distrito capitalino tendrá un plazo de 90 días para que la Legislatura de la Ciudad sancione una ley que apruebe la instalación de las rejas en la Plaza de Mayo de modo tal que cumpla con el Código Urbanístico -que fue recientemente aprobado por esa misma Casa-. En caso contrario, deberá retirar las rejas en cuestión, de modo tal que se concrete el restablecimiento del estado anterior de la Plaza de Mayo.

De esta manera, se prevé que la iniciativa sea debatida en el recinto durante las primeras sesiones ordinarias del 2019, las cuales comenzarán a partir del 1 de marzo.