La legisladora del FIT Laura Marrone presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscará que el Gobierno Nacional y de la Ciudad que anulen los incrementos en los incrementos en los servicios públicos de gas, luz, agua y transportes dispuestos para este año y los retrotraiga a las tarifas de diciembre de 2015.

A su vez, la medida prevé condonar las deudas de usuarios particulares, pequeños productores y pequeños comercios, clubes sociales y deportivos, escuelas y hospitales públicos. También le solicita al Ejecutivo Nacional “sancionar, con carácter urgente, la anulación de las concesiones sin indemnización y la inmediata estatización de las empresas de energía, electricidad y gas, en sus diferentes procesos de producción, distribución y comercialización, y su puesta en funcionamiento bajo control, gestión y administración de trabajadores, técnicos y organizaciones de usuarios”.

Asimismo, pidió disponer de los fondos previstos para el pago de la deuda externa en el corriente año, “suspendiendo los mismos y destinando esos recursos al diseño de este plan para la defensa del derecho de la población a servicios públicos accesibles a sus ingresos”.

En los fundamentos de la medida, Marrone recordó que “el transporte público del área de Capital y Gran Buenos Aires (subte, trenes y colectivos) sufre una suba de 40%; el subte llegará a costar 21 pesos en abril. Con 100 pesos en la tarjeta Sube apenas si alcanza desde mediados de enero para seis viajes mínimos en colectivo” y señaló que “la factura de luz aumentará 43% entre febrero y marzo y luego tendrá otras subas, hasta llegar a 55% para todo 2019. El gas aumentará 35% el 1 de abril, la boleta del agua vendrá con un incremento de 17% en enero y otro 27% en mayo”.

Es por ello que advirtió que “esto no se tolera más. Las boletas que llegan a nuestras casas cada vez consumen porciones más grandes de nuestros salarios y jubilaciones. Así, si en diciembre de 2015 se calculaba que, en promedio, las tarifas de luz, gas y agua sumadas requerían el 6,3% de un salario promedio, hoy significan aproximadamente el 26% del ingreso de cualquier familia trabajadora, sin contar los pasajes de tren, colectivo o subte”, aseguró y remarcó que “solo ir a trabajar y pagar dos boletos mínimos de ida y vuelta, aun con el descuento de la Sube, se lleva más de mil pesos por mes”.

“Las empresas de servicios públicos privatizados siguen recibiendo cuantiosos subsidios (de hecho, terminaron 2018 con más subsidios que en 2017), lo que agranda sus ganancias; son, junto con los bancos, los grandes ‘ganadores’ del año pasado”, señaló y sentenció que “la única solución es la inmediata rescisión de todos los contratos a las empresas de servicios públicos privatizados y su estatización bajo control, gestión y administración de los trabajadores, técnicos y organizaciones de usuarios. Solo así tendremos tarifas accesibles para el pueblo trabajador y servicios con la calidad que corresponde”.