La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el camporista Marcos Cleri, se reunirá este miércoles para discutir la validez del polémico decreto. La mitad de los integrantes de la comisión es de Cambiemos.
El Congreso vivirá este miércoles el primer debate fuerte del año. Desde las 10.30 en el Salón Eva Perón del Senado, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se reunirá para discutir sobre la validez del DNU 62/19, que implementó el régimen de extinción de dominio para bienes provenientes del delito.
El frente Cambiemos cuenta con la mitad de los integrantes de la comisión, por lo que deberá lograr al menos una adhesión más o forzar ausencias de parte de la oposición para alzarse con el dictamen de mayoría y declarar la validez del decreto.
En caso de empate en la cantidad de firmas, deberá desempatar el presidente de la bicameral, el camporista Marcos Cleri, quien ya anunció su rechazó al DNU por considerar que legisla sobre materia penal, algo que está prohibido en la Constitución.
El DNU ingresó a la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Consta de ocho artículos y tiene como eje central enmarcar el proceso por fuera de la acción penal, alcanzando los delitos contra la administración pública, el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo, entre otros.
Se regula la “acción civil de carácter patrimonial a través de la cual, a raíz de la sospecha fundada sobre la comisión de un delito grave, el Estado cuestiona la titularidad de un bien cuando no se corresponde razonablemente con los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representa un incremento patrimonial injustificado”.
Con ese fin, se dispone la creación de una “Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional”, que impulsará las acciones.
La finalidad de esta herramienta es “extinguir por vía de una acción civil el derecho sobre los bienes que hayan sido mal habidos”, y se exige que previo a demandar la extinción de un bien, un juez competente en lo penal haya dictado alguna medida cautelar sobre los bienes, por su presunta vinculación con el delito.
Otro punto importante es que se invierte la carga de la prueba, pues “el demandado tendrá garantizado su derecho a demostrar el origen lícito de los fondos con los que adquirió el bien, o que el ingreso del bien a su patrimonio es anterior a la presunta comisión del delito”.
De los 16 integrantes de la bicameral, ocho pertenecen a Cambiemos: son los senadores Miriam Boyadjian, Néstor Braillard Poccard y Naidenoff, y los diputados Pablo Tonelli, Ezequiel Fernández Langan, Luis Petri, Martín Hernández y Fernando Iglesias.
El interbloque peronista Argentina Federal tiene al diputado Juan José Bahillo y los senadores Guillermo Snopek, Teresa González y Daniel Lovera; y los restantes son los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Máximo Kirchner, y la monobloquista salteña Cristina Fiore Viñuales.
Además del decreto de extinción de dominio, la bicameral considerará el decreto de facultades delegadas 1/19, por el cual se deja sin efecto transitoriamente el gravamen establecido en el artículo 39 de la Ley de Impuestos Internos; y el decreto 58/19, que sustituye el artículo 11 de la Ley 27.208 de Industria Satelital, sobre Asignación de Frecuencias.
