La convocatoria era para este miércoles, pero el camporista Marcos Cleri resolvió cancelarla porque no podía garantizar la asistencia de toda la oposición para lograr dictamen de mayoría.
De manera sorpresiva, el camporista Marcos Cleri volvió sobre sus pasos y resolvió suspender la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que este miércoles iba a debatir sobre la validez del DNU de extinción de dominio. El diputado tomó la decisión este martes ante las dificultades para garantizar la presencia de todos los integrantes de la oposición.
Según supo parlamentario.com, estaba previsto la ausencia de la senadora salteña Cristina Fiore, quien se encuentra de viaje pero, de todos modos, evitó pronunciarse hasta ahora sobre el DNU. Sin embargo, fuentes consultadas agregaron que la de Fiore no sería la única ausencia, por lo que Cleri dio marcha atrás con la citación.
Además de Fiore, la oposición tiene en la bicameral a los peronistas Juan José Bahillo, Guillermo Snopek, Teresa González y Daniel Lovera; y a los kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Máximo Kirchner. Son ocho en total, el mismo número que Cambiemos, por lo que en caso de empate, Cleri podía inclinar la cancha contra la validez del DNU.
Pero a último momento el camporista decidió suspender, dado que si el oficialismo tenía asistencia perfecta, no hubiese tenido obstáculos para firmar el dictamen de mayoría. Cabe aclarar que mientras no sea rechazado por ambas Cámaras, el DNU sigue firme.
El DNU 62/19 ingresó a la Cámara de Diputados el miércoles pasado y establece la extinción de dominio como una acción civil autónoma del proceso penal, iniciada a partir de una medida cautelar sobre los bienes, por su presunta vinculación con el delito.
“Creemos que están dadas las condiciones de necesidad y urgencia que validan el decreto”, aseguró a parlamentario.com el diputado de la UCR Luis Petri, integrante de la bicameral.
Petri explicó que en este tiempo “el Congreso omitió deliberadamente cumplir con las convenciones internacionales que obligan a Argentina a aplicar la extinción de dominio en, por ejemplo, supuestos donde el proceso penal no puede prosperar, sea porque la persona se encuentra rebelde, porque muere, porque tiene fueros o porque tiene una posición de poder que le permite abstraerse de las consecuencias del proceso penal”.
Además, el mendocino indicó que “la gran mayoría de los países ha hecho hincapié en la necesidad de separarlo del proceso penal por los inconvenientes que tiene el proceso penal”.
“La materia penal es la que establece conductas antijurídicas y les impone una sanción. Acá no estamos hablando de sanción penal. Eso es el decomiso. Esta es una acción de extinción de dominio para recuperar bienes que en apariencia estaban bajo la titularidad de una persona, y digo ‘en apariencia’ porque el bien nunca integró el patrimonio de la persona, porque tiene un origen ilícito”, puntualizó Petri.
