El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, por iniciativa de su presidente, Agustín Rossi, presentó este miércoles un nuevo proyecto para frenar los “tarifazos”, con el mismo espíritu de la iniciativa que fue sancionada por el Congreso a fines de mayo de 2018, y luego vetada por el presidente Mauricio Macri.

Con la nueva propuesta, el kirchnerismo busca suspender los aumentos tarifarios de los servicios públicos de gas, electricidad, agua potable y cloacas a partir del 1 de enero de 2019, retrotrayendo las tarifas al 31 de diciembre de 2018.

A su vez, se prohíben nuevos aumentos por el plazo de un año a partir de la sanción de la ley y se establece que los incrementos de los años subsiguientes no podrán exceder el promedio del Coeficiente de Variación Salarial del año calendario inmediato anterior, a fin de “garantizar tarifas justas y accesibles”.

Respecto a las garrafas de GLP, se propone derogar la Resolución 15/2019 que dispuso el aumento del precio de la garrafa a partir del 1 de febrero de este año, y se prohíben los aumentos de dichos precios de referencia durante 2019, plazo hasta el cual se encuentra vigente la emergencia social (Ley 27.345).

El bloque advirtió que según datos de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), durante el período diciembre 2015-diciembre 2018 las tarifas de la energía eléctrica se incrementaron un 2.303% para el consumo T1-R1.

En lo que hace a la tarifa de gas (R2 – 1, 500m3), el alza fue de 1.752%, y en el caso del agua, el aumento acumulado en el mismo período (para el caso de usuarios residenciales no medidos) fue de 655%, afectando en particular a las zonas de bajos ingresos, especificó la UNDAV.

Si se consideran los aumentos en el transporte (que en igual período alcanzaron un 401% en el caso del tren, 329% en el colectivo y 222% en el subte), siguiendo siempre los datos de la UNDAV, la incidencia actual del gasto en los servicios de electricidad, gas, agua y transporte ha crecido de forma significativa, pasando del 6,3% del Salario Mínimo, Vital y Móvil a fines de 2015 a más del 23,5% en la actualidad, superando los registros de países como Uruguay (15%), Colombia (17,3%), Ecuador (19,4%), Perú (19,8%), Brasil (21%) y Chile (23%).