Luego de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, asegurara que bajar la edad de imputabilidad a 15 años era un propuesta “muy buena e inteligente”, la diputada porteña del FIT Laura Marrone impulsó una iniciativa en la que rechaza la reforma al Régimen Penal Juvenil y denunció que el Gobierno busca “criminalizar a los jóvenes e inmigrantes”.

En esa línea, la legisladora advirtió que la medida anunciada forma parte “del plan del Gobierno de colocar como tema de campaña a la inseguridad, teniendo como objetivos a jóvenes e inmigrantes” e insistió en que en lugar de “criminalizar a niños y adolescentes, Macri debe promover políticas públicas en pos de garantizar fuentes de trabajo para los desocupados y educación para todos, como así también el presupuesto necesario para la plena aplicación de la Ley Nacional 26061 –de Protección Integral a los niños-”.

Además, Marrone consideró que una iniciativa como ésta “no es la solución para los problemas de la inseguridad” y manifestó que el debate sobre ese flagelo debe analizarse “en el marco del aumento de la pobreza; ya que durante el año 2018 se ha confirmado que el 48% de los niños y vive bajo la línea de pobreza, eso significa que casi la mitad de la niñez no tiene garantizado lo básico y esencial para vivir”.

“El proyecto que impulsan desde el Gobierno Nacional, está en la misma línea de la compra de las pistolas Táser -definida como instrumentos de tortura por las Naciones Unidas-, la legalización del gatillo fácil y la amenaza de deportación de miles de extranjeros”, remarcó y sentenció que es “mentira que al Gobierno le preocupa la inseguridad, ya que si así fuera, no apañaría a las distintas fuerzas de seguridad que son cómplices del narcotráfico, las redes de prostitución y de las zonas liberadas para el delito. Apela a la ‘mano dura’ para mostrarse fuerte y capaz de hacer pasar el feroz ajuste acordado con el FMI”.

Cabe recordar que este martes el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentará en conferencia de prensa el anteproyecto de la ley de Responsabilidad Penal juvenil, por el cual pretenden bajar la edad de imputabilidad a 15 años.