Con la ayuda de la salteña Cristina Fiore y el desempate del camporista Marcos Cleri, el peronismo y el kirchnerismo se impusieron en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para dictar la invalidez del decreto. Para que el rechazo se efectivice, debe ser votado en ambas Cámaras.
La oposición se abroqueló este martes para rechazar en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el DNU 62/2019 de extinción de dominio. Con la ayuda de la senadora salteña Cristina Fiore y el desempate del camporista Marcos Cleri, presidente de la comisión, el peronismo y el kirchnerismo lograron alzarse con el dictamen de mayoría para declarar la invalidez del polémico decreto.
Cambiemos y los bloques de la oposición reunieron ocho firmas cada uno, ante lo cual Cleri desempató en contra del DNU. Ahora la pelea se traslada al recinto, pues el dictamen deberá ser refrendado por ambas Cámaras para que el decreto quede sin efecto. Por eso, la oposición ya tiene planeado pedir una sesión ordinaria.
La integración de la bicameral sufrió modificaciones para garantizar la presencia de sus 16 integrantes. Del lado de Cambiemos, Alejandro García reemplazó a Fernando Iglesias, y Silvia Giacoppo ingresó por Miryam Boyadjián. En tanto, Eduardo “Wado” De Pedro suplantó a Máximo Kirchner en nombre del Frente para la Victoria-PJ.
La incógnita de la jornada se develó cuando la salteña Fiore -que integra el interbloque liderado por Juan Carlos Romero- confirmó su rechazo al DNU de extinción de dominio. “Me preocupa el precedente que se está generando. Flaco favor le hacemos a las demandas sociales si permitimos que el presidente legisle sobre temas que se encuentran en tratamiento en el Congreso”, se quejó la senadora.
Fiore sostuvo que “el fin no justifica los medios” y que “quien debe tratar este tema es el Congreso”, dado que el proyecto de ley de extinción de dominio está pendiente de ser votado en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado le introdujera cambios el 23 de agosto del año pasado.
La defensa del decreto estuvo en manos del diputado Pablo Tonelli (Pro), quien observó que el régimen de extinción de dominio “era un reclamo constante del Ministerio Público y de los propios jueces de contar con esta herramienta”.
“La experiencia demostró que en determinados delitos, como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción, no alcanza con juzgar penalmente esos delitos. Aún desde la cárcel, los propios condenados pueden disponer de esos bienes y pueden así seguir dirigiendo esas organizaciones criminales”, argumentó Tonelli.
También se refirió al contenido del DNU, y en ese sentido explicó que la extinción de dominio fue regulada como una acción civil independiente del proceso penal, a ser aplicada en delitos graves. El decreto invierte la carga de la prueba, con lo cual el acusado deberá acreditar el origen legítimo de esos bienes, como sucede, por ejemplo, con el delito de enriquecimiento ilícito. Además, el desapoderamiento -salvo excepciones- se producirá una vez que haya sentencia firma de la acción civil, y los bienes quedarán a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Por parte de Argentina Federal, el senador pampeano Daniel Lovera advirtió que “este Gobierno no deja de sorprender” dado que “desconoció el procedimiento parlamentario” al dictar un DNU sobre un tema que estaba en pleno tratamiento en el Congreso. “No existe ninguna circunstancia excepcional que impida continuar con el trámite de la ley”, dijo, al señalar que el presidente podría haber incluido el proyecto en la convocatoria a extraordinarias.
Además, Lovera recordó que “numerosos especialistas advirtieron sobre la inconstitucionalidad” del DNU, por considerar que legisla sobre materia penal, algo prohibido por la Constitución “tanto directa como indirectamente”, indicó el senador.
En nombre del oficialismo, Luis Petri (UCR) fue enfático y apuntó al kirchnerismo: “¡Quieren atar el decreto al proceso penal porque no quieren investigar los bienes de corrupción del pasado! ¡Hay más de 250 mil millones de pesos que dependen de una acción de extinción de dominio para ser recuperados por el Estado!”.
La senadora Anabel Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria-PJ, apuntó que cuando Mauricio Macri anunció el decreto, dijo que “la finalidad del DNU iba a ser la construcción de jardines de infantes y de obras que mitiguen las inundaciones”. Para la camporista, el presidente “no le tiene que cargar a la Justicia la mala política económica, financiera y social que lleva adelante el macrismo”.
Asimismo, defendió la media sanción que logró el Senado sobre la extinción de dominio, que recibió aportes de especialistas, “desde Ricardo Gil Lavedra hasta el fiscal (Raúl) Pleé”. Por último, consideró que la naturaleza penal del DNU se debe a que se trata de una pena adicional al delito, y además sostuvo que el texto “viola el principio de inocencia”.
FOTOS: Comunicación Senado.
