El Senado define por estas horas si vota este miércoles la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. El debate fue reanudado este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales y algunas propuestas de modificaciones podrían postergar para la semana próxima el tratamiento del dictamen en el recinto.

Si bien la sesión de este miércoles parecía garantizada, su suerte quedará librada a la decisión que se tome en una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 18. “Yo preferiría esperar una semana más”, admitió el titular de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera (Justicialista), en diálogo con la prensa acreditada.

El dictamen del proyecto, emanado de un plenario de comisiones, data de noviembre pasado, pero tanto senadores como diputados de distintos bloques hicieron nuevos aportes que restan ser evaluados. La intención, compartida por oficialismo y oposición, es que la Cámara baja vote el texto sin modificaciones, para evitar que el proyecto vuelva en segunda revisión.

“Encarar una campaña como la que se presenta sin una nueva ley marco nos pone a todos ante una gravísima situación. Esta dilación no es buena, va a traer complicaciones. No se trata de una deuda, sino ya de un peligro”, apuró Ernesto Martínez, del Frente Cívico cordobés.

El proyecto habilita los aportes de personas físicas y jurídicas con un tope del 5% de los gastos permitidos para esa campaña, aunque ese techo podría bajarse al 2%. También se obliga a entregar el dinero mediante transferencia bancaria, una medida para transparentar las donaciones luego del escándalo de los “cuadernos de la corrupción”.

Durante la reunión de Asuntos Constitucionales, el chubutense Alfredo Luenzo propuso incorporar una regulación sobre publicidad en las redes sociales para “tener una ley ajustada a los tiempos que corren”. En paralelo, la Comisión de Banca de la Mujer sugirió contemplar un cupo del 30% de los aportes para capacitaciones de género.

Otras propuestas, provenientes de diputados, tienen que ver con modificar la cantidad de días de campaña y ampliar el universo de aportantes prohibidos. Entre ellos se encuentran los sindicatos, que con la legislación actual no pueden realizar donaciones a las campañas, y tampoco podrán hacerlo con la nueva norma.

“El Congreso no puede hacer oídos sordos y debe enfrentar los hechos de corrupción que atraviesan el financiamiento de la política. Eludir este tema y no transparentar los aportes nos llevaría al peor de los escenarios, que es la infiltración del narcotráfico en la política”, enfatizó Mera.