A la hora de las preguntas en el plenario en el que se presentó el proyecto de ley de Etica Pública, los diputados del kirchnerismo hicieron especial hincapié en el tema de las sociedades offshore, como así también hubo fuertes críticas a la gestión de la Oficina Anticorrupción.

En su intervención, la diputada kirchnerista María Emilia Soria celebró que se estuviera discutiendo una ley de Etica Publica, pero sostuvo que “también deberíamos estar discutiendo el paupérrimo rol que ha llevado adelante la Oficina Anticorrupción, y se preguntó cómo se resuelven a través de esta ley “circunstancias de funcionarios con participaciones en sociedades offshore”, cuando ni siquiera se pide, dijo, que se declaren esas sociedades.

En su intervención, la diputada rionegrina cuestionó la supuesta falta de investigaciones de parte de la OA, y cargó contra el exministro Luis Caputo, a quien definió como un “delincuente de guante blanco, absolutamente protegido”. Lo mencionó como dueño de una offshore, citó su participación en el negocio de las Lebacs, cuestionó al exministro de Energía Juan José Aranguren, mencionó al exministro de Trabajo Jorge Triaca y criticó el fideicomiso ciego donde el presidente “No nos alcanza con un proyecto así”, advirtió María Emilia Soria, que reclamó una Oficina Anticorrupción “autónoma, independiente”, y si bien celebró igual la presentación de este proyecto, aclaró que para ella “esta ley es tibia, se queda a mitad de camino y no resuelve ni la mitad de renuncias que usted archivó”.

Con un dejo de ironía, la titular de la OA arrancó diciendo: “Qué bueno que desde 2016 para acá el bloque Frente para la Victoria haya producido una gran cantidad de proyectos de ética pública, que nunca habían presentado antes cuando estaban en el Gobierno… Cambiamos, y cambiamos muchas cosas en la Argentina”.

“Estamos discutiendo esta ley para que no nos vuelva a pasar lo que pasó, que no nos vuelva a pasar el saqueo”, remarcó Laura Alonso, que al referirse a la reforma de 2013 señaló que la misma “buscó esconder la información comercial de funcionarios públicos que recibían dineros de la obra pública”. Y aclaró frente a los cuestionamientos que ese organismo había respondido 135 preguntas de legisladores. “Varios expedientes están resueltos y se resuelven a la luz de las reglas vigentes”, agregó.

¿Cómo resolvería esta ley la situación de Aranguren?, se preguntó, para responder que “antes de la designación vendría a la OA y analizaría la información patrimonial e inmediatamente le diría que debe vender las tenencias accionarias. Esta es una ley que tiene practicidad”.

La funcionaria volvió a criticar luego la reforma de 2013, al reiterar que a su juicio tenía un objetivo, que era “esconder la información de sociedades comerciales de funcionarios públicos. Esta ley propone que salgamos de esa trampa y hagamos controlable por todas las personas esa información”.

En ese pasaje pidió la palabra Agustín Rossi, que insistió con la pregunta de María Emilia Soria en cuanto a si no se consideraba una falta ética grave que un gobierno tenga funcionarios con sociedades offshore, cuentas offshore o dinero en el exterior.

“Me parece que esa es una discusión que en todo caso tienen que dar los diputados y este Congreso”, repuso Laura Alonso, que recordó luego que “hay sociedades que están siendo investigadas en la actualidad por la justicia argentina, la de Suiza y la de estados Unidos, pertenecientes a exfuncionarios de la gestión anterior. Lo importante es declarar e investigar todo lo que corresponda ser investigado”.

Luego advirtió que “esta es una ley de Etica Pública, no estamos discutiendo el Código Penal”.

Ante la insistencia de Agustín Rossi, intervino el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, que puntualizó que “nosotros tenemos que resolver esas cosas qué son éticas y cuáles no”, y aclaró que lo harían cuando debatieran el proyecto en la comisión y en el recinto. “Cuando llegue el momento en este mismo plenario vamos a discutir el proyecto y vamos a hacer todos los aportes que quieran y discutir qué incluimos y qué no”.

Por su parte, el diputado Guillermo Carmona hizo hincapié en los conflictos de intereses y se preguntó si era lógico que “evadir con una offshore sea un delito y al mismo tiempo sea ético que un funcionario que evade siga siendo funcionario. Luego consideró que “se ha pasado de un modo de corrupción clásica en el Estado a uno de la corrupción estructural, que ha tenido que ver con la obra pública”.

Carmona sostuvo luego que “la corrupción estructural es la marca de época que se ve en la actualidad, con los conflictos de intereses”, y sostuvo en ese sentido que se refería a “la captura de las decisiones del Estado por el establishment económico”.

Sobre el final, el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, aclaró que “para nosotros la ética pública es fundamental. Todo tiempo es oportuno para discutir la ética pública”, como respuesta a que con este debate se quisiera tapar la crisis económica.

“Alguno de los remedios que nuestro proyecto establece no son poca cosa”, enfatizó.

Al final, Alonso sostuvo que se debía hacer una ley entendiendo “qué tipo de administración tenemos”. “Está muy bien que tengamos este debate”, enfatizó, aclarando que “todos los funcionarios tenemos responsables administrativas y penales por nuestro cargo. Y todos queremos irnos sin denuncias”.