La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, abrió el debate de una nueva ley de Ética Pública con una exposición en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde consideró que “estamos frente a una oportunidad única e histórica”, a 20 años de la aprobación de la norma, de “modernizar y actualizar un régimen que dé cabal cumplimiento al artículo 36 de la Constitución y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”.

La funcionaria asistió a una reunión informativa de Asuntos Constitucionales y de Legislación General a defender el proyecto que fue enviado por el Ejecutivo la semana pasada. “El tratamiento y la sanción de esta norma son importantes e imperiosos”, sostuvo y abogó por que la iniciativa pueda ser aprobada “con el mismo amplio consenso” que alcanzó en 1999. “Ojalá sea unanimidad”, agregó.

Alonso recordó que este martes se cumplen 92 años del nacimiento del expresidente Raúl Alfonsín y opinó que era una “hermosa casualidad. Creo que el doctor Alfonsín, desde esté, estará bendiciendo este debate”. Luego, la exdiputada realizó un repaso sobre la incorporación legislativa de la cuestión de la ética pública y mencionó el antecedente reciente de una subcomisión conformada en 2017 en Asuntos Constitucionales para estudiar una reforma de la actual ley.

Sobre la Ley 25.188, la titular de la OA afirmó que “ha tenido una implementación errática en los distintos poderes” del Estado y señaló que en 2013 sufrió una “reforma parcial, negativa, escondida en la reforma judicial -que fue declarada inconstitucional-”. Y, sobre ese caso, enfatizó que en esa oportunidad “se recortó la información sobre declaraciones patrimoniales”.

En tanto, sobre el proyecto oficial expresó que “regula de manera integral y uniforme la ética en la función publica para todos los poderes del Estado” y “diseña un sistema de autoridades de aplicación que permitirá una implementación efectiva”.

“A diferencia de la ley vigente, brinda un catálogo completo de principios generales que orientan la interpretación de la ley”, indicó la funcionaria, y enumeró: “se introduce un capítulo completo sobre el anti-nepotismo; se establece una variedad de prohibiciones específicas de designación de familiares en todos los poderes; se amplía y se clarifica el contenido a declarar, tanto en lo patrimonial como lo relacionado a intereses económicos, sectoriales y de otro tipo”.

En ese sentido, Alonso explicó que se prevén obligaciones a las autoridades de control para verificar anualmente las declaraciones, cuya información deberá ser pública “en forma completa, actualizada y en formatos abiertos”. También habrá un “listado anual de cumplidores e incumplidores” y sanciones para quienes “mientan u oculten” información.

Además, deberán presentar declaraciones juradas quienes sean candidatos a cargos públicos y aquellos que resulten designados por el Congreso para sus cargos, como por ejemplo magistrados y auditores, entre otros.

En una extensa alocución, la exdiputada ponderó que se propone un “régimen ordenado, preciso y completo” para regular los conflictos de intereses, donde se diferencias aquellos reales de los potenciales. En el caso de los reales se trata de la “prohibición de realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que se tengan atribuciones en el ámbito público” y “de proveer bienes, servicios u obras al organismo en el que se ejerce la competencia, de manera directa o indirecta”.

Por otra parte, calificó como “toda una novedad” el artículo 35 de proyecto donde se prevé que los legisladores deberán comunicar a la autoridad de aplicación “los intereses privados que tengan en relación a los proyectos en cuya sanción intervengan”.

Otro punto que remarcó la encargada de la OA es que “nueve provincias en Argentina no tienen ley de ética pública, y de las restantes algunas tienen leyes muy viejas”. “Esperamos que este debate inspire otros similares en las provincias”, manifestó y apuntó que la iniciativa contempla la invitación a los distritos a adherir a la ley y la creación de un Consejo Federal para la Ética Pública y la Transparencia.

Por su parte, el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, quien señaló que “cuando los actos de corrupción pasaron, llegamos tarde: el daño ya está hecho, la plata de los argentinos se fue, las obras no están”. Por eso, consideró que “el mejor antídoto para que esto no pase es tener integridad pública”.

El cívico destacó la sanción de las leyes de Acceso a la Información Pública, con la cual “el ciudadano tiene más poder que antes”; la del Arrepentido, que significó un “inmenso cambio, con un impacto enorme y una eficacia tremenda”; la de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas; la de Defensa de la Competencia; y el reciente DNU de extinción de dominio.

También, el exdiputado ponderó el decreto del Gobierno sobre la prohibición del ingreso de familiares al Poder Ejecutivo, pero consideró que esta medida debe “regir para todos los poderes” y por eso “tiene que ser a través de una ley”.

Sánchez aseguró que “esta tarea nunca termina”, pero subrayó que es necesaria una revisión de la Ley 25.188 que “en algún momento fue una buena ley pero con el tiempo ha quedado incompleta, débil y no cumple con ciertos regímenes”.

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