La diputada nacional por el FpV-PJ Gabriela Estévez presentó un proyecto de resolución expresando su “repudio” por la forma en que procediera la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Provincia de Córdoba, al respecto de las 16 denuncias por abuso sexual infantil realizadas por familiares de exalumnos y alumnas del establecimiento educativo Collegium de la ciudad de Córdoba, descritas como “una investigación incompleta, con falta de profundización y donde se han investigado hechos como aislados, que deben verse en conjunto”, según la resolución del Fiscal de la Cámara de Acusación de la Provincia de Córdoba solicitando la reapertura de la causa.

“El fiscal de la Cámara de Acusación de la provincia ha dicho lo que los familiares de las víctimas vienen denunciando desde que realizaron las 16 denuncias: la investigación ha sido -cuanto menos- deficiente y no se han respetados los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. Esperamos que la reapertura de la causa venga de la mano de un cambio en el abordaje del caso que permita llegar a una condena. Sin justicia no puede haber reparación a tanto dolor”, advirtió Estévez, y agregó: “Es importante que la dirigencia política tome conciencia de la necesidad de avanzar en políticas públicas para prevenir estos crímenes aberrantes. En este sentido pido a mis colegas cordobeses, sin distinciones partidarias, que empujemos todos juntos los proyectos que descansan en el Congreso sobre abuso sexual infantil, para que las víctimas, sus familias y la justicia tengan más y mejores herramientas”.

Cabe mencionar que Estévez ha presentado 3 proyectos de ley relacionados con el este tema. En primer lugar, un “Régimen de Prevención de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, Atención Integral a las Víctimas y sus Familias y Sanción de los Autores” (2016, reproducido en 2018). En segundo lugar, una reforma de la ley de Protección Integral a las Mujeres para incluir políticas transversales para erradicar la violencia sexual contra niñas y adolescentes (2018). Por último, una iniciativa para prohibir el uso del Síndrome de Alienación Parental en las causas judiciales que investigan casos de abuso sexual infantil (2018).