La presentación la realizó Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer, quien acusó al diputado nacional por maniobras vinculadas a la empresa Capanone S.A.
La abogada de la exdiputada Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, denunció este lunes al diputado nacional Daniel Scioli (FpV-PJ) por supuesto lavado de dinero a través de la sociedad Capanone S.A., con sede en Capital Federal.
En el escrito, la letrada señaló que se trata de una firma “cuyo accionista es funcionario público, único socio que retira cifras millonarias de la empresa que no desarrolla actividad, la cual adquiere bienes millonarios que después alquila (o vende) a empresarios vinculados con el Estado”.
La operatoria, según la denunciante, se haría “con un capital social inexistente, sin contar con empleados declarados”.
Martínez hace hincapié en la situación patrimonial del exgobernador bonaerense, al indicar que la riqueza de Scioli “creció exorbitantemente desde la última presentación que fue conocida en 2007, cuando terminó su mandato como vicepresidente de Néstor Kirchner”.
La abogada recordó que en ese momento, “había declarado bienes por $1,2 millones” pero “después de siete años de ejercer la función pública” a cargo de la provincia de Buenos Aires, el actual legislador “informó activos por $13,6 millones en el año 2014”. “El principal incremento patrimonial de Scioli y la base de su fortuna es su única sociedad: Capanone S.A.”, sostuvo.
En el escrito se acusa al diputado de haber canalizado “los fondos que recibía de origen ilícito para darle una apariencia de legalidad y blanquear los mismos”. “En 2014 declaró acciones en la mencionada empresa por $9.104.471, 52. Y declaró un crédito a su favor por $450.059,38. No se encuentra fundamento a semejante suma adeudada por la empresa”, fundamentó.
Según consignó la agencia Télam, la denuncia quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.
Scioli ya se encuentra procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a la empresa Miller Building, durante su gestión como gobernador.
