El senador Julio Cobos recibió en el CCK la distinción a la trayectoria en Seguridad de Presas, en el marco de cumplirse el 20° aniversario de la creación del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

El exvicepresidente de la Nación agradeció el reconocimiento y expresó que “esperamos que este año podamos sancionar la ley de Seguridad de Presas y Embalses que presentamos en el Senado de la Nación. Esta ley es fundamental porque establece las condiciones de seguridad que deben cumplir las presas, diques y embalses, definiendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares, además de crear un registro nacional. Es una ley integral que busca proteger a las personas, al medio ambiente y a los bienes”.

Además, el legislador mendocino explicó que en nuestro país existen más de 180 presas de embalse en operación, entre las que se destacan dos que son binacionales: Yacyretá, y Salto Grande. “Existen además azudes, presas arroceras, terraplenes de defensa en al menos 25 ciudades importantes y un significativo número de diques de cola en emprendimientos mineros. En relación a esto, recientemente vimos la catástrofe que sucedió en Minas Gerais, Brasil. Es indispensable contar con los controles adecuados para preservar el potencial riesgo que implica para las personas y bienes ubicados aguas abajo. Hoy los controles en las de presas de jurisdicción directa nacional los ejecuta el ORSEP en otros casos los ejercen autoridades provinciales o locales pero en muchos otros casos esos controles no se realizan”, señaló.

En este sentido, el exgobernador de Mendoza advirtió que la seguridad de presas involucra actividades técnicas, administrativas, organizativas y de difusión, de monitoreo, vigilancia y protección, tendientes a proteger la vida y bienes de las personas expuestas a las consecuencias de una posible crecida, falla o rotura de alguna presa, ataque vandálico o violación de la seguridad operativa, y agregó que “es deber del Estado velar por la seguridad de las personas frente a actividades que pudieran ocasionarle un daño, como podría ser un mal funcionamiento o falla en una presa. Queremos mejorar el nivel de seguridad de los habitantes que viven aguas abajo de una presa y también preservar el patrimonio económico, social y cultural de esos habitantes. Es importante aclarar que no se interfiere en el derecho al uso y administración del recurso que ejercen las provincias. Es una actividad que el Estado no puede dejar de regular en forma específica, de allí que la seguridad de presas como herramienta básica de prevención nos exige que legislemos a fin de proteger derechos fundamentales”.