El senador Darío Díaz Pérez pidió mediante la presentación de un Proyecto de Ley que se declare la Emergencia Farmacológica en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2019 prorrogable por un año más, a los efectos de garantizar el acceso a medicamentos para la prevención y tratamiento de los problemas de salud de los bonaerenses y en especial de los de alta vulnerabilidad social.

El Proyecto establece que la Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Salud y los Organismos que determine el Poder Ejecutivo, facultándose a dicho Ministerio para establecer un mecanismo de monitoreo de precios de medicamentos y de alternativas frente a las alzas que afectan el acceso de la población a los mismos y que puedan poner en riesgo su salud; como así también, el ejercer un estricto control del cumplimiento de la ley Nacional 25.649 de prescripción de medicamentos por su nombre genérico y a la vez suscribir convenios con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires para garantizar el acceso y la provisión de medicamentos.

Diaz Pérez fundamentó su pedido en el considerable aumento del precio de los medicamentos, ya que según un informe publicado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), dichos montos en Argentina aumentaron un 188% promedio en los últimos tres años, es decir que aumentaron 25 puntos porcentuales por encima del nivel de la inflación.

En el relevamiento realizado a más de 120 drogas, se destacan los del tratamiento para enfermedades tiroideas +320 %, ansiolíticos + 317%, antiespasmódicos +300%, hipocolesterolemiantes + 254%, broncodilatadores + 220%, afectando sensiblemente a un estrato importante de la población, fundamentalmente adultos mayores, además en un contexto de aumento desmedido de los servicios públicos y de los alimentos.

Por su parte, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), informó la caída del 5,1% en la venta de medicamentos en 2018 respecto de 2017, es decir que se vendieron 100.000 unidades menos. Esto implica interrupciones en los tratamientos, con el consiguiente perjuicio a la salud. Es aún mayor la caída de medicamentos de venta libre, alrededor de un 20%. Por otro lado, se registró un descenso del 8% en aquellos recetados para el tratamiento de enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión arterial, según datos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos.

“Esta situación es altamente crítica y genera un aumento del gasto de bolsillo en gran parte de la población, en un contexto, como lo describí en el Proyecto de Ley que presenté, de aumento permanente y desmedido del precio de los alimentos, del transporte público y de las tarifas de los servicios como la Luz, el Gas y el Agua Corriente domiciliaria”, aseguro Díaz Pérez, Vicepresidente de la Comisión de Salud del Senado Bonaerense.