Es la fecha prevista para tratarlo nuevamente en el recinto del Senado. Luego de que el debate volviera a la instancia de comisiones, Cambiemos y el PJ firmaron dictámenes por separado.
Aún sin un acuerdo cerrado, el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos tendrá una última oportunidad el 10 de abril. El Senado volverá a tratar la iniciativa ese día en el recinto, según se resolvió este miércoles en un nuevo plenario de comisiones, donde se firmaron al menos dos dictámenes diferentes.
Cambiemos y el interbloque peronista Argentina Federal no pudieron llegar a un consenso en torno a los aportes de las asociaciones sindicales, patronales y profesionales a las campañas electorales. Es una prohibición que rige actualmente y el oficialismo quiere mantenerla, pero la bancada liderada por Miguel Pichetto propone levantarla.
El planteo, que ya parecía superado, volvió a salir a la luz este martes en boca de un senador de otro espacio, el gremialista petrolero Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino), y la discusión se repitió este miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, después de que los senadores se reunieran en el recinto.
“Esta prohibición colocaría en un desmérito y una situación peyorativa a asociaciones que tienen fines loables frente a las que tienen fines de lucro”, sostuvo el chubutense Mario Pais, de Argentina Federal.
Tanto el salteño Juan Carlos Romero como el jefe del bloque radical, Ángel Rozas, rechazaron que se levante la prohibición. Sin embargo, Rozas aclaró que “no corresponde asimilar una asociación patronal con una persona jurídica comercial” ya que “tienen finalidades diferentes”.
Ante el desacuerdo, el justicialista Rodolfo Urtubey propuso que la discusión se resuelva en la votación en particular en el recinto, el próximo 10 de abril.
Además de los sindicatos y asociaciones patronales y profesionales, el proyecto en debate establece que tampoco pueden aportar a las campañas electorales las empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas; las personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar; y los gobiernos o entidades públicas extranjeras, entre otros sujetos.
Por otra parte, durante el debate en comisiones, los misioneros Maurice Closs y Magdalena Solari Quintana propusieron también un agregado para que el juez federal con competencia electoral ordene la inmediata publicación de una lista con los 20 aportantes más relevantes de cada candidato según monto.
