Este domingo un individuo entró, con documentos falsos, en las oficinas de Sergio Massa en la avenida Libertador, ciudad de Buenos Aires. Se llevó de allí varias notebooks con información de la campaña del dirigente; una de ellas intento ser rastreada a través del dispositivo que tiene incorporado, pero no fue posible porque el mismo había sido bloqueado. También desde el Frente Renovador denunciaron que hubo una manipulación de los servidores de la oficina, afectando áreas estratégicas.

En resumidas cuentas, una operación montada por gente especializada contra un opositor político. Similar a la que el propio Massa sufrió en su domicilio en el 2013, cuando un prefecto que trabajaba para los servicios -luego detenido- ingresó a su casa por la noche.

Tan clara fue la señal respecto de dónde provenía la operación en las oficinas de Massa, que la propia Carrió pidió al Gobierno que “se elimine la AFI como única medida eficaz para terminar con el espionaje ilegal”.

Razón tiene esta vez la diputada macrista. El trabajo de inteligencia -espionaje, difamaciones, acciones concretas, etc- sobre los opositores es uno de los peores legados que la dictadura militar le dejó a la democracia. Sobre una matriz de personal que continuó en sus cargos desde esa época, la mayoría de los gobiernos que vinieron luego se dedicaron prolongar esa operatividad ilegal y antidemocrática.

Si bien con el doctor Alfonsín hubo algunos episodios, como el de Modart, que indicaban que no se había abandonado esa costumbre, fue con Menem que recobró bríos como en las viejas épocas militares. Para muestra basta un botón: en 1996, habida cuenta de que nuestro partido era duro opositor al gobierno, Carlos Corach, ministro del Interior de ese entonces, buscó meterme preso. Presentó entonces una denuncia de que nosotros subvertíamos el orden democrático en el juzgado del doctor Carlos Liporace, no casualmente uno de los famosos jueces de la servilleta. Las supuestas pruebas que presentó Corach eran informaciones de inteligencia de la Policía Federal sobre mi persona -sin orden judicial, es decir ilegales- desde 1983 hasta fines de 1995. Por cierto, las acusaciones no prosperaron.

No muchos años después, particularmente con los gobiernos de Cristina Kirchner, el trabajo y las operaciones de inteligencia sobre los opositores recuperan su esplendor. Recordemos el famoso “Proyecto X” cajoneado por el juez Sebastián Casanelo, que llevaba adelante a través de Gendarmería el espionaje sobre dirigentes sociales críticos del gobierno; entre los cuales había varios de Barrios de Pie y otros de la izquierda.

Más cerca en el tiempo, también con aquel gobierno de CFK, quedó a la vista -luego de su muerte- el trabajo de inteligencia que desplegaron sobre el fiscal Nisman. Como así también la incorporación al espionaje interno de la estructura del Ejército que manejaba el general Milani.

Llegó luego Macri al gobierno. Venía precedido de las escuchas ilegales que, de la mano del comisario Jorge “Fino” Palacio, mandó a realizar no solo sobre opositores a su gobierno en la CABA, sino hasta sobre sus propios familiares. Causa de la que zafó ya de presidente, como suele suceder en nuestro país en estos casos.

Puso, ya en la Rosada, a un amigo y socio suyo en el futbol, Gustavo Arribas, al frente de la AFI, sucesora de la más conocida SIDE. De segunda de aquel a una connotada menemista: Silvia Majdalani, vinculada entre otros a Francisco “Paco” Larcher, exsubsecretario de Inteligencia kirchnerista entre 2003 y 2014. Nada es casual.

A partir de todo ello, en los tres años y pico que lleva Cambiemos, es más que ostensible la continuidad del accionar de la inteligencia gubernamental sobre los opositores políticos. Basta leer las columnas del periodista Carlos Pagni en el oficialista diario La Nación para tener un seguimiento del tema; por ejemplo su editorial “Se ramifican los lazos del espía D’Alessio con la justicia” del 21 de marzo pasado. Al punto tal de que, todo indica, la hicieron espiar a la propia María Eugenia Vidal (¿habrá sido porque proponía desdoblar las elecciones bonaerenses?).

En resumidas cuentas, no estamos como cuando la Dictadura, pero el uso de los servicios de inteligencia para espiar, agredir, difamar y montarle operaciones a quienes son críticos del gobierno de turno sigue igual que siempre. Es hora de ponerle fin a esa operatoria no solo ilegal sino profundamente antidemocrática.

Tarea por supuesto para un gobierno nuevo, que sea capaz de darle otro rumbo a la Argentina.