Tras un 2018 signado por el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia y diputada del FpV, Andrea Conde, volvió a impulsar en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscará crear espacios para acceder al aborto seguro y para brindarles información sobre educación sexual a adolescentes y mujeres.

La ley -que fue presentada por primera vez en noviembre del 2017- tiene por objeto promover el derecho de las mujeres y las personas gestantes a adoptar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva; y regular las acciones conducentes a garantizar el acceso a abortos sin riesgo.

De esta manera se buscará “promover y proteger la salud sexual y reproductiva integral de las personas gestantes, garantizando el acceso a servicios, bienes, educación e información integral en materia de aborto seguro”, “garantizar el acceso al aborto seguro desde una perspectiva de derechos humanos”, “asegurar el acceso a información con base empírica sobre todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, principalmente sobre el aborto seguro y la asistencia posterior en casos de aborto a todas las personas y grupos, especialmente a las y los adolescentes y jóvenes”, “impulsar la toma de decisiones conscientes, informadas y autónoma de las personas gestantes”, entre otras.

La normativa sostiene que estas consejerías deberán “promover la autonomía de la persona gestante en la práctica del aborto sin riesgo brindando información científica, con base empírica y accesible y suministrando la atención necesaria” y estipula que estarán conformada por una persona “capacitada ya sea técnica y/o profesionalmente para garantizar la seguridad, la buena calidad y la accesibilidad a los servicios de aborto seguro”. Las mismas funcionaran en centros de atención primaria, hospitales, servicios de obstetricia y ginecología, tocoginecología, urología, adolescencia de los establecimientos asistenciales y los centros de salud dependientes del Gobierno de la Ciudad.

Asimismo indica que “a fin de garantizar el acceso equitativo e igualitario a las prácticas de aborto seguro, cualquier profesional y/o técnico capacitado para proporcionar información científica y/o procedimientos clínicos básicos relacionados con la salud reproductiva, puede suministrar la atención para el aborto en forma segura, aún fuera del marco de las consejerías”.

Entre los fundamentos de la medida la diputada explicó que “se busca evitar las muertes y enfermedades por aborto inseguro ya que es una obligación esencial en materia de derechos humanos que comparten todos los países, incluso aquellos que criminalizan el aborto a través de la legislación penal” e insistió en la necesidad de permitir el acceso a la información “debido a la clandestinidad y al tabú que rodea al aborto, muchas mujeres, especialmente las más jóvenes y más pobres, no saben que existe la posibilidad de abortar de manera segura con misoprostol”.

Además advirtió que según datos de la “Línea Aborto: más información, menos riesgos” de la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto -relevados entre 2009 y 2010- más de 1.600 mujeres tenían información errónea al respecto, siendo las fuentes más importantes los médicos (22%), las farmacéuticas (10%), internet (25%) y el ‘boca a boca’ (36%).