Por Emiliano Balbín – El diputado bonaerense de Cambiemos se refirió al proyecto de ley que busca responsabilizar a aquellas personas que cometan hechos de vandalismo en las escuelas.
El Poder Ejecutivo bonaerense ingresó un proyecto de ley a la Legislatura Provincial donde busca responsabilizar a aquellas personas que cometan hechos de vandalismo en las escuelas.
Con estas modificaciones al Código Contravencional se busca sancionar a los responsables y restaurar lo dañado.
La escuela es uno de los bienes públicos más valorados por la sociedad, donde todos seguimos experimentando esa sensación de pertenencia, más allá de los años que hayan pasado; incluso muchos enviamos a nuestros hijos a la misma escuela donde nos hemos formado.
Por ello no entiendo, y mucho menos acepto, que se cause daño a estos establecimientos, que además terminan generando gastos millonarios al Estado provincial.
Cada “AMENAZA” no es GRATIS. Y quienes lo hacen son los responsables. En caso de ser menores, serán sus padres quienes deberán afrontar dicha responsabilidad, según se establece en la iniciativa que se analiza en el Poder Legislativo.
No se trata de solo de demorar a quien cometió el hecho, se trata también que lo repare, preste un servicio y se haga cargo del gasto que le ha generado al Estado además del daño a la comunidad toda.
No buscamos sanciones o chicos detenidos. Necesitamos una sociedad consciente y responsable, capaz de poner el valor ESCUELA en lo más alto y defender de todos los modos posibles a la institución educativa.
Hace unos días, fue noticia una sentencia judicial que obligó a cumplir tareas comunitarias y abonar los gastos del operativo, por una falsa amenaza de bomba, a quien la llevo a cabo.
Mediante un fallo inédito, la Justicia de Morón determinó que uno de los jóvenes que efectuaron amenazas de bomba en escuelas durante 2018 tendrá que pagar 60 mil pesos, además de realizar tareas comunitarias para la escuela, entregar al Estado una computadora y un celular de alta gama.
La decisión fue tomada por la jueza Graciela Angriman en la sede del Juzgado en lo Correccional Nº 5, en el marco de una causa caratulada “intimidación pública reiterada en tres oportunidades”.
Es una forma restaurativa de llevar adelante el proceso por medio de la suspensión del juicio a prueba, si no comete un nuevo delito y cumple con todas las reglas de conducta establecidas, podrá ser beneficiado con la extinción de la acción penal. Caso contrario, será llevado a juicio.
Este fallo no ha sido el único. También se dieron a conocer otros por las “tomas de las escuelas” y sanciones a padres que, en el marco de los allanamientos llevados adelante durante el 2018, determinaron la responsabilidad parental por los hechos ilícitos de sus hijos.
Estas sentencias, y tantas otras, nos deben hacer reflexionar como comunidad.
En mi rol de legislador estoy comprometido a trabajar desde la legislatura en forma preventiva, sancionatoria y educativa en normas que les den a los jueces mayores herramientas para exigir una reparación más allá del costo que implica una falsa amenaza de bomba o hechos de vandalismo en las escuelas o edificios públicos/privados.
En cada caso, y dependiendo de las cuestiones de organización de cada distrito, se despliegan operativos que implican movilizar a bomberos, se alerta a expertos en explosivos y desplaza a personal que se encarga de establecer el perímetro en el que trabajarán, a Control de Tránsito, la Policía Local y la Provincial acuden a la escuela para instaurar las medidas de seguridad requeridas, y organizar la evacuación de la institución. En simultáneo, se da aviso al SAME y Defensa Civil. Todo un despliegue que implica un costo que supera los $ 60 mil pesos.
¿Quién pagará a los bomberos voluntarios ese costo? ¿El chico o el adulto se dieron cuenta de la gravedad del hecho? No es un chiste.
Debe quedar debidamente comunicado, y comprendido por la sociedad, que es una falta grave realizar falsas denuncias, que impliquen movilizar a la fuerza pública, y que configuren un delito.
Si bien desde el 2018, luego de que se comenzaran a aplicar una serie de medidas en forma coordinada entre organismos educativos y el Ministerio Público se han reducido notoriamente las amenazas de bombas en las escuelas, resulta de suma importancia tener presente el efecto que estas medidas judiciales implican.
Ya volvimos a clase. Ahora cuidemos las escuelas. Cuidemos a nuestros chicos para que tengan una mas y mejor educación de calidad.
