La presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños y Adolescentes, Isabella Leguizamón, expuso ante un plenario de comisiones sobre un proyecto que busca incorporar a los tipos de uso del Código Urbanístico el Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa juvenil.
En medio de la polémica por el pedido de la baja en la edad de imputabilidad, las Comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto participaron de una reunión informativa sobre el proyecto de ley enviado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que propicia incorporar a los tipos de uso del Código Urbanístico el Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socio Educativa.
A la reunión presidida por las diputadas Victoria Roldán Méndez y Paula Villaba (VJ) asistieron la presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Isabella Leguizamón, y los directores generales de Planeamiento Urbano, Mariano Orlando, y de Infraestructura Gubernamental, Ileana Sonia Terreno, ambos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
De esta manera explicaron que el Centro es un dispositivo institucional destinado al cumplimiento de medidas privativas de la libertad ambulatoria, impuesta a adolescentes punibles e imputables, por la justicia penal juvenil y/o justicia criminal y correccional federal con asiento en la Ciudad.
Los fundamentos del proyecto sostienen que este dispositivo “se sustentará en el principio de especialización en materia penal juvenil -por encontrarse destinado a personas en una etapa crucial de su desarrollo- lo cual exige que la totalidad de los actores implicados en el abordaje institucional deben enmarcar su tarea bajo el eje de intervención socioeducativa que posibilite un proceso de integración comunitaria desde el efectivo ejercicio de ciudadanía, superando la concepción punitiva de la medida”.
Cabe señalar que los edificios de disposición actual, tales como los Centros Socioeducativos José de San Martín, Manuel Belgrano, Manuel Bocea y Centro de Admisión y Derivación Llona Úrsula Inchausti fueron transferidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
“Son edificios públicos que por su antigüedad, estructura y disposición edilicia no cuentan con las condiciones exigidas para brindar la atención de los adolescentes en el marco de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes”, afirma la medida y sentencia que “por ello, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, precisa un centro modelo que deje atrás el sistema de cuidado de adolescentes bajo el viejo paradigma de la situación irregular en materia penal juvenil”.
