Impulsora de la Ley de Defensa de la Competencia y siempre crítica de los precios en supermercados, la diputada Elisa Carrió presentó un proyecto de ley de competencia de la cadena alimenticia para evitar los casos de abuso de posición dominante en los que pudieran incurrir los supermercados y otros grandes proveedores.

Entre los objetivos que plantea la iniciativa, indica que se busca “resguardar el equilibrio entre los operadores de la cadena de valor alimenticia, a fin de evitar que realicen prácticas o acuerdos que perjudiquen a la competencia o los consumidores”.

Asimismo, apunta a “contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a la transparencia en el funcionamiento de los canales de distribución mayorista y minorista, así como a ampliar la oferta competitiva de productos alimenticios suficientes y de calidad”. Y señala que “si existiera una situación de desequilibrio en el caso de los contratos alimenticios, será obligatoria la existencia de un contrato formalizado por escrito”.

La líder de la Coalición Cívica busca crear “un código de buenas prácticas comerciales obligatorio para las principales cadenas de supermercados del país, con el fin de atenuar las prácticas abusivas y evitar los costos asociados a las mermas, a las ventas promocionales, la generación de residuos, y costos logísticos, tanto de reposición como de logística inversa, o la misma distribución, dado que estos mecanismos resultan la principal barrera de entrada a los supermercados, lo que significan costos adicionales que limitan la concurrencia de otros proveedores”.

Además, el proyecto de la socia de Cambiemos estipula que “la participación en góndolas será equitativa para los oferentes, lo que garantizará la mayor concurrencia de marcas de diferentes proveedores, conforme las posibilidades económicas y las prácticas comerciales habituales”.

En este sentido, Carrió propone la prohibición de “pautar la participación de un producto alimenticio de una marca determinada que supere al 20% del espacio disponible que el producto comparte con otros de similares características”.

“Los exhibidores contiguos a las cajas y las islas de exhibición deben garantizar al menos un cincuenta 50% de productos de origen local y/o producido por Pequeñas y Medianas Empresas o por Cooperativas y/o Asociaciones Mutuales”, establece.

También plantea que “la forma en que los productos sean exhibidos y distribuidos en góndolas por parte de los supermercados, no deben tener por efecto impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia dentro de cada categoría”. “Está prohibido pautar lugares de privilegio en góndola dificultando la exhibición equitativa de las diferentes marcas ordenándolas en forma vertical, y no horizontal, utilizando criterios objetivos”, agrega.

En cuanto a los productos de menor precio, deberán “encontrarse a una altura no menor a los 90 centímetros y no superior a los 160 centímetros”.

Finalmente, la diputada oficialista propone que “todo programa gubernamental, tanto nacional como provincial o local, que tengan por finalidad brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios, deberán estar señalizados con carteles indicadores que faciliten su identificación respetando las pautas de exhibición de precios”.