Con la presencia de funcionarios del Ministerio de Justicia, comenzaron este martes en la Cámara de Diputados las audiencias públicas de debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil. Además de los representantes del gobierno, asistieron jueces, abogados y especialistas en la materia.

Ante un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto, Martín Casares aseguró que el proyecto se trata de “suplir una deuda histórica, porque actualmente continuamos con un régimen de la minoridad que posee 39 años”.

El jefe de Gabinete de la cartera que conduce Germán Garavano destacó que la iniciativa se viene trabajando “desde hace tres años”, y señaló que el texto se nutrió de propuestas que fueron presentadas por diputados y de la media sanción de 2009 aprobada en el Senado.

Además, el funcionario contó que se realizó un “relevamiento de la situación en las provincias sobre menores detenidos y sus condiciones”, y un análisis de las normas existentes a nivel provincial.

“Lo que les estamos presentando es un sistema completo, que obviamente puede ser mejorado, ustedes lo pueden modificar”, sostuvo Casares, que agregó que el proyecto posee “propuestas novedosas y valiosas”.

Finalmente, reconoció que “uno de los temas que va a suscitar mayores debates es el tema de la edad. Nosotros hicimos una propuesta, pero la van a definir ustedes” y consideró que “el desafío es que no se caiga el proyecto”.

Por su parte, Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal detalló los lineamientos centrales del proyecto y afirmó que se busca “lograr tener una norma que ponga una media y un piso de derechos y garantías para todos los menores”.

En ese sentido, expresó que debido a las distintas regulaciones que hay vigentes en las provincias “necesitamos una norma nacional” que “sea práctica y efectiva”.

Benítez ponderó que la iniciativa contempla que los menores no podrá “ser detenidos en comisarías” y que “el personal en los centros de encierro deberán ser civiles”. Además, se estima que la prisión sea “el último recurso” y que “ningún delito con una pena menor de 10 años pueda permitir el encarcelamiento de un menor”.

“También se incorporó que el juez, ante el delito, dicte sanciones socio-educativas, después disciplinarias y, en último lugar, entrarían en juego las privativas de la libertad”, remarcó.

En el comienzo de la jornada hablaron además diputados que han presentado proyectos al respecto. Uno de ellos fue el entrerriano Juan José Bahillo, quien manifestó: “Nuestro proyecto no está de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad”.

Sobre este punto, el justicialista señaló que esto es en base a las recomendaciones realizadas por el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño a Argentina -en 2010 y 2018- de “no bajar la edad de punibilidad y no aumentar las penas para personas menores de edad”.

En tanto, la diputada Carla Carrizo (Evolución) precisó que “en Argentina las provincias tienen sistemas absolutamente diferentes”. “Diez provincias tienen un régimen tutelar clásico; cinco un régimen tutelar mixto; tres un fuero no especializado; cuatro provincias, justicia especializada y sistema acusatorio; y tres provincias con justicia especializada y sistema inquisitivo mixto”.

“Es decir, no estamos bien. Hoy los adolescentes tienen derechos distintos según la provincia en la que vivan. Tenemos un archipiélago normativo”, enfatizó. Respecto del proyecto oficialista, la legisladora dijo no estar de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad y con las “sanciones educativas” porque “la educación no es una sanción, es un derecho”.

Añadió que “hay una tensión en el modo en el que se están planteando las penas” y calificó como “excesiva la pena de 15 años para adolescentes que han vivido 15 años”. “La ley debería fijar penas máximas para la franja de 16 a 18 años”, completó Carrizo.

Entre los oradores participó Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, quien advirtió que “las discusiones deben ser profundas y responsables porque las definiciones que ustedes tomen en los próximos días tendrán un fuerte impacto en la vida de los adolescentes. Los contextos electorales les exigen aún mayor rigurosidad en estos debates”.

“El debate que acompañe a la nueva ley debe construirse en base a la evidencia empírica, las buenas prácticas, la jurisprudencia existente y el respeto de las autonomías provinciales”, indicó y recomendó que el sistema de justicia juvenil debe ser especializado, promover la reinserción social y los procesos judiciales “deben ser breves, conducidos por funcionarios y personal capacitado en adolescentes”. “Las penas nunca pueden ser altas ni remitirse a las penas de los adultos sino por el contrario, tienen que ser reducidas”, agregó.

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