Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados reanudó el debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil, con la participación de 20 oradores que expusieron sobre la temática “justicia especializada y capacitación de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad”.

En el comienzo de la segunda audiencia pública, la ministra de Desarrollo Social de La Pampa, Fernanda Alonso, cuestionó que no se haya escuchado a los niños. “Los niños son sujetos de derecho. Pero en la práctica seguimos propiciando un modelo tutelar, seguimos tomando decisiones por ellos sin siquiera escucharlos”, resaltó.

En cuanto al proyecto oficialista, la integrante del Consejo Federal de Niñez y Adolescencia lo calificó como “esquizofrénico, anticonstitucional, anticonvencional, retrógrado, tutelar, y avasalla e ignora las autonomías provinciales”. Muy dura, la funcionaria opinó que “le sobran muchos artículos y le faltan muchos recursos”.

“Va a resultar inaplicable porque quienes lo idearon no tienen ni idea lo que es trabajar con la vulneración de derechos”, agregó, además de mencionar que en el contexto económico-social actual -según índices del INDEC, la UCA y UNICEF, entre otros- el 42% de los menores viven bajo la línea de pobreza.

Integrante de la comisión redactora del anteproyecto presentado por el Ministerio de Justicia, el juez Gustavo Ferrari señaló que al hablar de justicia especializada no se refiere a que “se especializa a la persona cuando accede al cargo”, sino que “es fundamental que la persona tenga una formación previa y que esté un paso adelante desde la experiencia de campo”.

Al hablar de la elaboración del texto, el doctor dijo: “Trabajamos muchísimo con la experiencia de legislaciones provinciales y legislaciones extranjeras que han tenido éxito, capitalizando sus logros y las cosas que no han resultado”. “Este texto legal es un piso, el techo lo puede seguir construyendo cada provincia”, agregó.

Ferrari retomó sobre “la importancia de tener un fiscal especializado” ya que éste “es fundamental porque estamos pensado en un sistema acusatorio, donde (el fiscal) va poder decidir cuestiones de remisión. No se lo judicializa sino que hay mediación, acuerdos restaurativos, conciliación, la suspensión de juicio a prueba, es decir, un bagaje de alternativas que hoy en concreto los jueces no contamos”.

El magistrado también destacó que la ley “tiene una posibilidad de control en la ejecución de la pena que no lo tiene ninguna legislación”. “La pena es revisable periódicamente, con los equipos interdisciplinarios”, añadió.

Por su parte, la exdiputada del Frente Renovador Mónica Litza consideró que la edad de imputabilidad “no es un tema menor” y se preguntó “qué criterios se van a aplicar para atar el tema de la edad al monto de las penas”. “No sé si no hubo una decisión de avanzar, si se quedó a mitad de camino, o si se sintió culposo el Gobierno y quiso quedar bien con muchos sectores”, expresó y consideró que “hay que ir a fondo y tomar una determinación” en este sentido. Además, advirtió que el proyecto no contempla la creación de un fuero especializado.

Crédito foto: HCDN