En la actualidad nos encontramos con un Congreso nacional ajeno a las problemáticas que preocupan a la ciudadanía. Esto da la sensación de que es una institución voluntariamente paralizada. La cámara de diputados por su composición de origen debería ser más receptiva a las demandas y problemáticas ciudadanas, para poder procesarlas y así ser un comienzo, un puente para brindar soluciones a través de la sanción de normativas que estén a la altura de los tiempos.

En este contexto, hoy ni siquiera para el poder ejecutivo es funcional esta situación del parlamento. La agenda que impulsa el oficialismo está vinculada a cuestiones de seguridad, con una mirada que claramente no se comparte en muchos aspectos.

Las leyes que se han sancionado desde el consenso opositor por ejemplo anti despidos y para retrotraer los aumentos tarifarios han sido vetadas por el presidente. No es una novedad este accionar ya que Macri tiene un largo historial en el tema con un récord de vetos (130) cuando fue alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Un desconocimiento total a las resoluciones de una institución democrática.

Quizás lo que está detrás de esta metodología es un desprecio a la política, o, en otras palabras, ven a la misma como el arte de evitar hacerse cargo de los problemas que sus ideas y acciones causan en la sociedad.

Se presentaron a elecciones como una derecha moderna, como los exponentes del republicanismo, pero por el contrario la práctica demuestra que es una vieja derecha. Modificar cuestiones esenciales de leyes democráticas mediante DNU con el argumento de que no pueden construir consensos por ser minoría en el parlamento no puede ser un argumento serio, sino una muestra de debilidad y autoritarismo.

Al mismo tiempo, como está saliendo a la superficie en los últimos días, se persigue a opositores de la mano del denominado plan lawfare (guerra jurídica) en combinación con los medios concentrados que estigmatizan, condenan y la justicia encarcela o procesa.

En la comisión que presido en la cámara de diputados, la de discapacidad, venimos trasmitiendo al jefe de Gabinete cada vez que viene a dar informe las inquietudes, consultas, que nos hacen llegar desde el colectivo de personas con discapacidad debido a la delicada situación que enfrentan en el contexto de ajuste de la política social en general y en particular de este sector. La comisión por otro lado ha dictaminado proyectos progresivos para dar respuestas, pero esos expedientes que podrían materializar cambios positivos, quedan a la espera de los tiempos políticos del oficialismo de la comisión de presupuesto o de previsión social hoy paralizadas sin dar tratamiento a estas temáticas.

Por este camino vamos a estar cada vez más aislados como legisladores de esta institución de las problemáticas que urgen a la ciudadanía, lo que genera una sensación para todos de ser un congreso paralizado, que no trabaja, ni funciona. Una coyuntura engendrada por la voluntad política de la coalición de gobierno.