Los diputados de Unidad Ciudadana impulsaron una iniciativa que prevé establecer de qué forma se producirán los mismos, fomentar la creación de un cuerpo policial especializado y asegurar la atención jurídica para los damnificados, entre otras cuestiones.
Buscando evitar situaciones violentas entre las partes involucradas en este tipo de procesos, los legisladores de Unidad Ciudadana impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para regular la forma en que se producirán las relocalizaciones y los desalojos dentro del distrito.
De esta manera la iniciativa impulsada por Paula Penacca, Javier Andrade y Carlos Tomada prevé crear un protocolo para estos casos. El mismo establece que los casos de desalojo o relocalización administrativa o judicial deberán ser notificados previamente, con indicación de fecha y horario. Sin embargo, no podrán realizarse si llueve o hay alguna condición climática adversa; en los casos en los que se encuentren afectados niños y/o adolescentes debe buscarse no afectar las actividades escolares; deben respetarse los feriados religiosos; entre otras cuestiones.
Asimismo, el Gobierno deberá garantizar que la resolución que lo ordene se encuentre en lenguaje accesible, de fácil comprensión para el afectado, con la suficiente antelación a la fecha prevista del desalojo, indicando los organismos a los que puede recurrir para solicitar asistencia técnica o legal y acompañamiento a fin de plantear la defensa que estime corresponder. El asesoramiento jurídico, técnico o de cualquier tipo deberá ser gratuito para la parte afectada.
También podrá destinar fuentes de financiamiento específicas, realizar acuerdos y/o convenios con universidades nacionales públicas, crear líneas de acción concretas y cualquier otro tipo de instrumento con el fin de atender las necesidades de la población afectada por desalojo o relocalización.
Por otra parte, la normativa prevé la creación de un “Cuerpo de Apoyo de la Policía de la Ciudad”, el cual deberá contener a las personas o grupos en situación de indefensión o vulnerabilidad; prevenir la violencia institucional; resolver conflictos; entre otras cuestiones.
La ley fomenta el desarrollo del “Observatorio para el seguimiento de los procesos de desalojo y de relocalización”, el cual deberá realizar un seguimiento de cada uno de estos procesos; alcanzar una sistematización y análisis de información, estadística, e iniciativas relativas a la garantía y promoción de derechos de las personas en situación de desalojo o relocalización; y, proponer lineamientos y acciones de política habitacional a los fines de prevenir los desalojos forzosos o relocalizaciones.
El mismo estará compuesto por los presidentes de la Comisión de Vivienda y Justicia de la Legislatura porteña; un director ejecutivo designado por el Gobierno porteño; seis diputados de la Ciudad; un representante de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público de Defensa, de la Universidad de Buenos Aires, del Poder Judicial; representantes de las Juntas Comunales y de organizaciones sociales, políticas, comunitarias, culturales.
En los fundamentos de la medida, los kircheristas explicaron que “la mayoría de los casos de desalojos administrativos involucra a familias numerosas, con niños menores de edad, que deben adaptarse a situaciones de vivienda extremadamente precarias con las que conviven a diario (en condiciones de hacinamiento, humedad, compartiendo baños y cocina con otras familias, en estructuras edilicias endebles) en pleno centro del distrito más rico del país”.
“No obstante, más allá de la falta de estadísticas actualizadas, las organizaciones sociales y vecinales así como los organismos de derechos humanos denuncian que los desalojos forzosos se han incrementado significativamente en la ciudad de Buenos Aires”, sentenciaron.
