Por Rodolfo Terragno. El embajador argentino ante la UNESCO plantea la necesidad de que todos los sectores políticos lleguen a algún tipo de acuerdo de gobernabilidad y políticas públicas.
Se trata de que las principales figuras políticas se reúnan y digan: “Vamos a discutirlo todo, porque tenemos muchas diferencias. No es lo mismo ser de derecha que de izquierda. No es lo mismo ser neoliberal que populista. Cada uno tiene que defender sus convicciones. Pero es imposible estar en desacuerdo en 100%. Vamos a ver si podemos coincidir en algunas, y decir: En 'esto', en 'esto' y en 'aquello', no hay más discusión. Esta son políticas públicas y las vamos a respetar, estemos en el gobierno o en la oposición”.
Con otras palabras, eso dijeron los políticos que en 2010 terminaron suscribiendo un “Acuerdo de Gobernabilidad y Políticas Públicas”. Firmaron: Mauricio Macri y Ricardo Alfonsín. Felipe Solá y Gabriela Michetti. La UCR y el Peronismo Federal. El PRO y el Partido Socialista.
El acuerdo lo habían impulsado dos hombres con ideas muy distintas: Eduardo Duhalde y yo.
El propósito no era formar un frente opositor. El adjetivo “opositor” es incompatible con un programa de largo plazo, porque nadie puede saber quiénes serán gobierno (y quiénes estarán en la oposición) a los diez o quince años.
Mientras Duhalde y yo procurábamos sumar apoyos a la idea, yo le hice llegar una carta a la entonces presidenta Cristina Kirchner pidiéndole una audiencia a fin de exponerle los términos del compromiso y “oír sus comentarios, críticas o sugerencias”, a la vez que “explorar la posibilidad de llegar acuerdos, siquiera parciales”. La presidenta le encargó la tarea a su ministro del Interior, Florencio Randazzo, con quien analicé un borrador. Pero no fui persuasivo: el gobierno, finalmente, no adhirió a la iniciativa.
El acuerdo no era retórico. No se trataba de una mera declaración de fe democrática y amor por la patria. Había obligaciones, tanto para gobernantes como para opositores.
Todas las cláusulas eran tan concretas como la referida a la seguridad jurídica. Por un lado, decía que -contra lo ocurrido más de una vez en el pasado- quienes contrataran con el Estado tendrían una garantía: jamás les cambiarían las condiciones después de la firma. Pero el caso de que hubiere sospechas fundadas de corrupción, el funcionario y el beneficiario sería sometidos sin más a la justicia.
No era un acuerdo semejante a los Pactos de la Moncloa, celebrados en España en 1977; pero habría un camino hacia una concertación mayor.
El analista español Carlos Salas sostiene que “los Pactos de La Moncloa salvaron a España del desastre”. El 25 de octubre de 1977, los partidos de derecha, los del centro y los de izquierda (y los republicanos, y los monárquicos; y los sindicatos y los patronos) firmaron aquellos “pactos insólito para un país en crisis”: Para ayudar a que bajara la inflación (que se acercaba a 30%) los sindicatos se comprometieron a no pedir aumentos salariales por un año. Los patronos aceptaron un impuesto a las ganancias que aumentó la presión fiscal de 17% a 35%.
El resultado fue que la inflación bajó de 26,4% en 1977, a 16,5% en 1978, y si bien lentamente, la economía empezó a crecer. El saneamiento económico permitiría que, años después. España se integrara a la Comunidad (hoy Unión) Europea, lo cual potenció su desarrollo.
El acuerdo firmado en la Argentina, en 2018, era menos extremo. No imponía a obreros y empresarios una carga pesada. Pero enunciaba los problemas económicos a superar, y dejaba en claro que hacerlo no era una responsabilidad exclusiva de los gobiernos sino, al contrario, una obligación compartida con las fuerzas de oposición.
El acuerdo preveía que los equipos de los distintos partidos buscaran respuesta a los dilemas que parecen obligarnos a optar entre el desarrollo económico o la justicia social: dos cosas que deben ir juntas.
¿Cómo redistribuir el ingreso sin desalentar la inversión? ¿Cómo reducir la desigualdad sin desfinanciar al Estado? ¿Cómo elevar el salario real sin alimentar la inflación? ¿Cómo ser competitivos sin caer en devaluaciones forzadas?
Todos estos dilemas tienen respuesta; pero implementarlas requiere, si no acuerdos plenos, un mínimo común denominador. Lo que no sirve, y empeora las crisis, son los discursos sin ideas y el reclamo de lo imposible.
Los gobiernos, decíamos en 2010, deben abrirse al diálogo y procurar consensos. Los opositores, a su vez, no tienen que obstruir y deben hacer, antes que acusaciones, propuestas realistas.
No faltarán quienes digan que todos firmaron pero nadie cumplió. No es cierto. La lucha contra la corrupción alcanzó un grado sin precedentes. Un gobierno en minoría logró en algunas ocasiones el apoyo de la oposición.
También hubo instancias en las que ciertos gobernadores disidentes coincidieron con el poder central.
Es cierto que hay una considerable parte del espectro político ha mantenido una beligerancia incesante, pero no se lo puede acusar de violar el acuerdo, porque es el único que no lo firmó.
Por supuesto, hubo desviaciones. Ningún contrato está exento de conflictos, distintas interpretaciones y hasta rupturas. Ni el contrato matrimonial. Pero esa no es una razón para no contratar. Al contrario, es una razón para celebra lo que se cumplió y examinar por qué hubo incumplimientos, para ver cómo se construye un acuerdo futuro.
El de 2010 fue un punto de partida. Un antecedente. Una prueba de que se puede hacer lo que muchos creen imposible.
La Argentina necesita un pacto que clausure disputas estériles, afiance las instituciones, impulse el desarrollo económico, eleve la educación y corrija la injusticia social.
La historia argentina muestra que, aun en los momentos más cruentos, el odio siempre dio tregua.
Si hubo organización nacional, y si tenemos democracia, es porque varias generaciones hicieron trizas la idea de que -en la Argentina- la conciliación de fracciones es impracticable.
