Con la participación de especialistas de todo el país, la Cámara de Diputados reanudó este martes el debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil. En la tercera audiencia pública de debate expusieron más de 50 oradores, entre jueces, fiscales, abogados y representantes de ONG’s.

A lo largo de las ponencias, el proyecto de ley enviado por el Gobierno cosechó numerosas críticas y, entre los puntos con más rechazo, la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años es la propuesta que despierta más cuestionamientos: la mayoría enfatiza que es regresiva.

Carlos Parma, juez en lo penal de menores en la provincia de Mendoza, señaló que la iniciativa contiene “incongruencias” e “inestabilidades” de “orden semántico, jurídico y filosófico”. No obstante, remarcó que la actual norma -que data de la dictadura militar- “tiene que ser derogada definitivamente”. “En ese aspecto vamos por buen camino, es correcto estar tratando una ley de reforma integral”, agregó.

Sin embargo, el magistrado consideró que “la madre de todas las batallas va a ser el tema de la imputabilidad” porque “es uno de los puntos más álgidos que tiene”. “Debe rechazarse la baja”, afirmó y, por otro lado, advirtió que “quien se encargó de la redacción del proyecto ha improvisado en la materia”.

En este sentido, Parma explicó que el texto se refiere a las penas y dice “por delitos de 15 años de prisión”, cuando “está mal decir eso”. Enumeró entonces delitos que poseen esos años de pena y entre ellos mencionó a la piratería. “No he visto nunca un niño pirata”, dijo.

Por su parte, Gabriel Lerner alertó que “no es cierto que cualquier cambio sea un avance. No lo es si una decisión de la democracia convalida o legitima contenidos dictatoriales”. El exsecretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia consideró “insostenible” bajar la edad de punibilidad y habló de “penas exorbitantes”.

“Vamos a ser famosos en el mundo si este proyecto es aprobado. Los autores dicen ‘no hemos puesto ningún tope’ pero remiten al artículo 55 del Código Penal y les están poniendo a los chicos de 16 y 17 años una pena máxima de 50 años”, subrayó.

Un adolescente de 16 años, Julián José Hollman expuso en la jornada de este martes y aseguró que “debería ser prioritario que nuestra voz sea escuchada y considerada a la hora de tomar decisiones normativas que nos afectan”.

En representación del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de La Pampa, el joven expresó que “las diferencias interprovinciales no se tuvieron en cuenta” a la hora de redactar el proyecto, y también cuestionó la baja de la edad porque “vulnera más nuestros derechos” y “es desconocer plenamente la situación socio-económica de los niños, niñas y adolescentes”.

“La niñez y la adolescencia no son un problema de seguridad o inseguridad, es una cuestión de derechos y, por lo tanto, de recursos. Esto deberían estar discutiendo ustedes señores legisladores: cómo lograr que no se sigan recortando los presupuestos a la niñez y adolescencia”, enfatizó, aplaudido por diputados de la oposición.

Por la asociación Usina por la Justicia, Diana Cohen celebró que “se ponga fin a la discrecionalidad del juez dada por el vacío legal de no contar con una ley penal juvenil; se prohíba el alojamiento de menores en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a mayores de 18 años; y la brevedad de los procesos”.

Aunque apuntó sus diferencias con la iniciativa y aseguró que bajar la edad de 16 a 15 años es “inútil” porque “no producirá disminución alguna del delito”, Cohen recordó el caso de Brian Aguinaco y manifestó: “Hoy uno está reintegrado a su lamentable entorno socio-ambiental. En cambio el otro está bajo tierra, sin justicia”.

“El pseudo-progresismo, avalado por la jurisprudencia de las últimas décadas, produjo el escenario en el que hoy nos encontramos y esa es una realidad que parece que aquí nadie quiere ver”, añadió y pidió “coherencia legislativa con la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos”.

Para concluir, lanzó: “Vayan a la casa del Brian que ya no está, que se sienten a conversar con sus padres y que se den cuenta que él no fue condenado a 50 años de cadena perpetua, fue condenado a una ausencia perpetua, él y todos los seres queridos que todavía lo lloran”.

En tanto, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y operadora social en la villa 21-24, calificó al proyecto como “un plan de guerra contra la juventud, porque lo único que se propone es persecución y encierro”. Consideró una “muestra de cinismo” que la iniciativa hable de capacitación de las fuerzas de seguridad al recordar el caso de Facundo Ferreira en Tucumán.

La directora de la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña resaltó que, en ese momento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Gobierno “montaron operativos de prensa diciendo que el niño tenía una pistola” pero “meses después se comprobó que era todo mentira, que el niño estaba desarmado”.

Finalmente no asistieron a la audiencia María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, fallecido en la Tragedia de Once; y Matías Bagnato, sobreviviente de la masacre de Flores en 1994; que se preveía darían su opinión sobre el tema.

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