El régimen de promoción de la denominada “economía del conocimiento” fue aprobado con 182 votos afirmativos y dos negativos. Desde el kirchnerismo y el Frente Renovador advirtieron sobre la baja de la inversión en ciencia y tecnología.
Con 182 votos afirmativos y solo dos negativos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un régimen de promoción de la denominada “economía del conocimiento”, que establece reducciones e incentivos fiscales para empresas de software y de otras ramas de la industria con fines de exportación.
El nuevo régimen, que ahora deberá ser tratado en el Senado, tendrá vigencia desde el 1ro. de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029.
“La economía del conocimiento se da cuando se vinculan la creatividad y la tecnología. Por eso este régimen tiene en cuenta los avances de la ciencia y la tecnología aplicadas a la producción de bienes, a la prestación de servicios y a la mejora de la producción industrial”, explicó Juan Brugge, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática.
El radical Luis Borsani resaltó que “estamos dando un gran paso” ya que “muchas industrias, como la audiovisual, van a radicarse y van a producir desde la Argentina”.
“Estamos convencidos de que en el mediano plazo, incorporando todas estas actividades, vamos a duplicar el empleo de la economía del conocimiento, y vamos a más que duplicar las exportaciones. Las proyecciones indican que estaremos exportando en 10 años aproximadamente 15 mil millones de dólares, siendo la segunda actividad económica exportadora en Argentina”, ponderó.
Además del software, los rubros que se verán beneficiados son los servicios informáticos y digitales; la producción audiovisual; biotecnología, biología, bioquímica, microbiología y afines; servicios geológicos; nanotecnología; y las industrias aeroespacial, satelital y nuclear.
También se incluyeron los sectores de videojuegos y robótica; electrónica y comunicaciones; la industria del 4.0; y todos los servicios profesionales que tengan por objeto la exportación, entre otros.
“Estamos ante una de las leyes más importantes para el futuro de la Argentina. Este tipo de leyes le permiten al país estar preparado para la cuarta revolución industrial”, destacó el diputado del Pro Facundo Garretón.
Le salió al cruce el extitular del Conicet Roberto Salvarezza, quien consideró que “esta ley dejaría a la Argentina preparada para entrar en el futuro si el Congreso tratara la ley de financiamiento de la ciencia que viene con media sanción del Senado y apoyo de todas las provincias”.
El legislador del Frente para la Victoria-PJ reconoció que la propuesta es “positiva” y que “tiene un sesgo muy importante sobre la actividad”, pero llamó a “fortalecer el sistema de ciencia y tecnología de nuestro país”.
En este sentido, Salvarezza recordó que la inversión del Estado en ciencia y tecnología bajó del 0,65% del PBI en 2015 al 0,5%. Agregó que “el INTA empieza este año con 800 investigadores menos, el INTI con despidos, y la Comisión de Energía Atómica con sueldos por debajo de cualquier país latinoamericano”.
Otro diputado que coincidió en este punto fue el massista Daniel Arroyo, quien apuntó que “más allá de esta buena iniciativa, se está dando en un contexto de recorte y achique, donde no se está priorizando ni la industria digital ni la ciencia y tecnología, sino que al revés”.
Los beneficiarios del régimen de promoción de la economía del conocimiento gozarán de estabilidad fiscal sobre todos los tributos nacionales a partir de su inscripción en un registro nacional que se crea en el proyecto.
Como incentivo adicional, se establece un bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales que corresponda pagar, el cual deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en carácter de anticipos o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las Ganancias e IVA.
Cuando los trabajadores en relación de dependencia tengan título de doctor, el bono de crédito fiscal generado por ese empleado será equivalente a dos veces el monto de las contribuciones patronales correspondientes, por el término de 24 meses desde su contratación.
Por otra parte, las empresas quedarán alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del 15% en la medida en que mantengan su nómina de personal; y además no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del IVA.
Asimismo, cada beneficiario tendrá que abonar anualmente un monto de hasta el 1,5% del monto total de los beneficios fiscales otorgados, que será destinado al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), creado en la Ley 27.349.
El proyecto también crea un “régimen de incentivo para la participación privada en la financiación y sostenimiento de actividades de investigación en ciencia y tecnología aplicada a realizarse en instituciones universitarias”.
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