Nueva audiencia pública sobre el régimen penal juvenil

La cuarta jornada tuvo como ejes las medidas cautelares y sanciones, condiciones de detención, monitoreos e implementación del sistema.

El debate del proyecto por un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil tuvo este jueves la cuarta audiencia pública con la participación de expertos que aportaron sus visiones y opiniones sobre distintos aspectos de la iniciativa.

Los ejes temáticos fueron las medidas cautelares y sanciones, las condiciones de detención, monitoreos, implementación del sistema, articulaciones sistemáticas y conformación de equipos interdisciplinarios.

En el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto y Hacienda participaron unos 50 oradores, entre los que se destacan jueces, funcionarios, docentes, especialistas, miembros de organizaciones, defensores de menores de distintas provincias y fiscales.

Al comienzo, Matías Garrido, miembro de la Dirección Nacional contra la Violencia Institucional, remarcó la necesidad de que la Argentina cuente con un sistema penal juvenil acorde con los estándares internacionales. “La privación de la libertad no debe suponer en ninguna circunstancia la privación de otros derechos y el Estado es garante de ello”, subrayó el funcionario.

La jueza especializada de Mendoza María Amanda Fontemachi consideró clave que una ley nacional contemple que cada provincia tenga una especialización orgánica para adolescentes, dándole la preponderancia que necesita con el presupuesto pertinente. “Eso brindará igualdad de derechos y garantías de los jóvenes de Jujuy hasta Ushuaia”, destacó la magistrada.

Asimismo, la exdiputada Claudia Bernazza instó a cambiar la relación de las leyes con los chicos. “No puede ser que la única vía sea que se los castigue y se piense sólo a qué edad son punibles”, fustigó. En ese sentido, agregó: “Luchamos desde las banderas de los chicos del pueblo que nos permitieron alcanzar leyes con enfoque en sus derechos”.

La secretaria de Asuntos Legislativos y Relaciones Institucionales de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Carolina Lospennato, defendió la idea de no bajar la edad de imputabilidad. Por otro lado, señaló que “no hay reforma penal que se pueda llevar adelante sin presupuesto, y en las condiciones actuales es muy dificultosa su implementación”.

Eduardo Alberto Brandi, juez de menores de Mendoza, observó que el proyecto no cuenta con ningún límite en cuanto a la penalidad posible que sería aplicable a un joven de la franja etaria de 16 a 18 años. “Solamente se establece la prohibición de la cadena perpetua”, señaló.

Respecto a los medios alternativos y a los principios que declama el proyecto, Maximiliano Benítez, Defensor General de Entre Ríos, calificó como una “exageración” que se establezca en tres años la máxima duración del proceso penal, ya que en la mayoría de las provincias los delitos más graves se investigan durante seis a siete meses. “No se puede hablar de celeridad y brevedad”, criticó.

Al remarcar su “rotunda negativa” a la intención de bajar la edad de imputabilidad, Marcela Claudia Velurtas, docente investigadora de la facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, contextualizó la situación social y económica del país. “Para que no resulte abrumador para los jóvenes la intervención judicial, es fundamental la utilización de equipos interdisciplinarios articulados en una misión común, con efectos transformadores para los chicos y su entorno”, resaltó Velurtas.

Luego, el juez Penal Juvenil de 4ta. nominación de la ciudad de Córdoba, José González del Solar, aseguró que “más allá de las deficiencias técnicas subsanables, estamos ante una oportunidad histórica para tener una nueva normativa”.

Germán Darío Martín, fiscal de Delitos Juveniles del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, remarcó que el proyecto contiene aspectos positivos como así también otros que consideró regresivos, como por ejemplo la ausencia de lenguaje inclusivo en cuestión de género. Afirmó que “todos queremos una nueva ley, pero no es ésta”.

FOTO: HCDN

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