El legislador nacional tucumano denunció que el Gobierno “arbitrariamente” estableció el precio del bioetanol 4 pesos debajo de lo correspondiente, generando una “enorme transferencia de fondos a las petroleras”.
El diputado nacional Pablo Yedlin presentó en la Cámara baja una cuestión de privilegio contra el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui debido a que “sin ningún consenso, el Gobierno nacional estableció un valor del bioetanol sin actualizaciones en $22,73”.
Explicó que “la subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles dependiente del secretario de Energía, a través de la resolución 24/19 del 9 de abril de 2019, modificó el mecanismo para determinar el valor del litro de bioetanol”.
“El bioetanol es un valor agregado de la caña que genera empleo, permite un combustible más limpio y barato, y ayuda a sostener el precio del azúcar. Y no solo esto. Así como se afecta directamente al norte argentino, lo propio sucede con otras zonas del país que generan este combustible mediante otras vías como el maíz”, añadió Yedlin.
Recordó que “con el presidente Macri el corte de bioetanol subió al 12%, tema que fue destacado por el propio Gobierno nacional, cuyo valor era determinado por una fórmula que lo iba actualizando, y hoy hubiera estado en $26,8 el litro. Ahora sin ningún consenso, el Gobierno nacional estableció un valor sin actualizaciones en $22,73”.
“De esta manera -continúo Yedlin- se perjudica a quienes producen bioetanol, y se genera una enorme transferencia de fondos desde el sector de la producción a las petroleras, que compran 600 millones de litros de bioetanol al año, y pagan $4 menos por litro de lo que debían pagar. Es decir, un beneficio para ellas de 2 mil 400 millones de pesos”.
Señalo que “mientras el precio del bioetanol queda fijo, el precio de la nafta crece con cada aumento del petróleo y del dólar, estando hoy en $43 el litro. Desde octubre de 2017 hasta la actualidad el precio del bioetanol creció en un 34% y el de la nafta en un 86%”.
“Me pregunto cuáles serán los intereses para tal transferencia de recursos. Seguro no son los de las más de 50 mil familias tucumanas que viven del azúcar, y las otras cientos de miles que viven directa e indirectamente de esto en todo el norte”, precisó el legislador.
“Exigimos con carácter de urgente que se dé marcha atrás con esta medida arbitraria y centralista, que persigue intereses que no quedan claros, pero que sin lugar a dudas atacan al federalismo y al desarrollo de fuentes de trabajo en el interior del país”, concluyó Pablo Yedlin.
