El proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que sancionó la Cámara Alta durante la semana que termina posee una significación que se relaciona con la sobaeranía del país, por lo que resulta necesario que lo enfoquemos dentro de un debate filosófico, dado que nos hallamos en la puerta de una verdadera privatización de la política.

Siempre repetimos en política una frase que dice: Dime quién te financia y te diré para quién gobiernas. De este modo, entendemos que el financiamiento no resulta un tema menor, puesto que a la democracia no la deben financiar empresas privadas sino el propio Estado.

Desde el momento en que le abrimos la puerta a las empresas, le estamos abriendo la puerta al poder económico para que interceda en la soberanía de un país, lo cual resulta muy peligroso, dado que la misma obligación que se genera con una “empresa aportante”, es la que podría generarle compromisos al político que a través de ella arribe a su puesto, para dejar de representar al pueblo que lo votó en pos de cumplir con los requerimientos que dicha empresa le realice.

El proyecto aprobado nos habla de que el dos por ciento de la campaña de un candidato podría ser sustentada por cada empresa; pero ese mismo porcentaje podría verse burlado, dado que muchas son las empresas que operan en “holding”, pudiendo de este modo un mismo grupo económico presentarse a través de sus diversas empresas, cada una con un dos por ciento, y pudiendo así los mismos “dueños” llegar a financiar una parte sustancial de la campaña de un determinado candidato.

Imagínense cual sería la situación de ese legislador –representante institucional electo por el pueblo– cuando fue financiado, por ejemplo, por el multiempresario Marcelo Mindlin, por la minera Barrick Gold, por Monsanto, Bayer o JP Morgan. Es preciso tomar consciencia de que tales empresas poseen un claro fin de lucro, por lo que no estarán aportando desinteresadamente a un sistema de campañas políticas por puro amor a la democracia, dado que la esencia misma de la empresa es, precisamente, el fin de lucro.

Por tanto, entiendo que resulta muy peligroso para la democracia que los diferentes candidatos acepten financiamiento empresario de tal o cual empresa, puesto que se va a ver en la disyuntiva de trabajar por el interés general o de trabajar por el interés de dicha empresa.

Este proyecto se encontraría rompiendo dos principios fundamentales:

Por un lado el principio de igualdad ante la ley, puesto que cuando se sancionaron las PASO – las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias – el legislador buscó precisamente tender a un sistema que garantice la igualdad de los partidos políticos al momento de la competencia. Todos sabemos que existen partidos que cuentan con grandes estructuras económicas y hay otros, en cambio, que no cuentan con ninguna, dado que tienen que sacar de su bolsillo para poder, entre los afiliados y los candidatos, mantener la campaña, con el costo real que ello significa. Esas mismas PASO vinieron a proponer un sistema de mayor equidad entre los partidos políticos, brindando los mismos espacios de propaganda audiovisual a los partidos políticos y proponiendo un sistema igualitario, haciendo valer asimismo en el aporte de fondos el criterio de proporcionalidad conforme a los votos que obtuvieron en la elección nacional pasada. Entiendo que ese debe ser el espíritu democrático, el mismo que este proyecto estaría vulnerando en caso de imponerse su criterio.

Por otra parte, este proyecto rompe también con otro principio de la democracia –tal vez el más importante-, que es el de la soberanía política, que en un sistema democrático y republicano debe residir en el pueblo, que a través de sus representantes es quien va a decidir, por ejemplo, si vamos a tener la asignación universal por hijo, si la vamos a aumentar, o si vamos a tener un sistema previsional con mayores derechos para nuestros jubilados. Es el pueblo, por tanto, quien no puede permitir que quienes tomen esas decisiones sean las grandes empresas.

También es necesario que hablemos de la colisión de derechos, puesto que cada empresa que contribuya en la campaña de algún candidato va a pretender obtener algún rédito de su aporte, exigiéndole al mismo determinadas conductas en pos de sus intereses, ¿y de donde va a obtenerlo? ¿De mi patrimonio o del suyo? No, esa empresa privada va a querer sacar el rédito del país, de la soberanía Argentina. Por eso decimos que es un tema filosófico.

El periodista Alconada Mon, del diario La Nación, publicaba una nota titulada “Escándalo. Confirman a la justicia que Macri pidió el 1 por ciento de su patrimonio a empresarios para ser presidente”. Según este conocido y reconocido periodista, se le habría pedido un 1 por ciento del patrimonio a muchos empresarios, a quienes el propio presidente habría prometido multiplicar esa ganancia con creces.

Qué nos dejaron esas “empresas financiadoras” que pretenden a través de este proyecto de ley legalizar sus aportes?. Nos dejaron 191.000 despidos en la Argentina en pocos años. Un 15,7 por ciento bajó el comercio minorista; un 4,6, el consumo; un 14,7, la industria; las pymes, destruidas; uno de cada dos chicos son pobres en la Argentina, o sea que hay un 50 por ciento de pibes bajo la línea de la pobreza. Eso es lo que nos dejó este sistema de transferencia de recursos a los ganadores, a las empresas que seguramente en negro pusieron plata para las campañas políticas.

Este proyecto, como mínimo, es inconstitucional, porque viola el artículo 37 de la Constitución Nacional, que establece quiénes son los que pueden ejercer derechos políticos, y las empresas no pueden ejercer derechos políticos, porque la esencia del sistema democrático justamente es poner límites, estableciendo un equilibrio del poder económico cuando éste pretende avasallar al político.

Por todo esto, es que entendemos que la única manera válida de financiar la política debe consistir en un sistema público, en que el mismo Estado sea quien garantice la igualdad de oportunidades para los diferentes partidos políticos, por lo que cabe traer a colación las palabras del Doctor Alfonsín, quien decía que “la soberanía del pueblo es la única fuente de legitimidad del poder político”.