Organizaciones “provida” presentaron en la Justicia Federal un recurso de amparo y medida cautelar para dejar sin efecto la primera instancia de nombramiento de Marisa Graham como defensora de niños, niñas y adolescentes, cargo que está vacante desde su creación hace casi 14 años.

Estas agrupaciones sostienen que Graham “ha despertado el rechazo de gran parte de la población por su pasado apoyo manifiesto al aborto, no pudiendo esconder sus fotos portando pañuelos verdes, que han circulado hasta el cansancio por las redes sociales, repudiándose que la defensa de los niños recaiga justamente en alguien que no los defiende en el vientre”, y señalan que en una entrevista periodística declaró que solamente defenderá a “los niños de aquellos embarazos que quieran llegar a término”. Sobre esto, sostiene que la frase habilita a las organizaciones sociales a recurrir a la justicia, puesto que “revela información sobre su candidatura que no se conocía al momento de su postulación y nombramiento”.

“Los argentinos repudiamos esta preselección y hoy recurrimos a la Justicia para que intervenga y ponga fin a esta irregularidad. Somos el único país del mundo en donde se elije a una abortista para defender a los niños, es un sinsentido legal. Además Graham no solamente desconoce la legislación argentina, que define como niño a todo ser humano desde la concepción, sino que parece que vivía en otro país el año pasado cuando el Congreso Nacional rechazó el aborto. Una defensora de niños, que confiesa que solo defenderá a los deseados, se encuentra totalmente inhabilitada para ejercer un cargo tan importante”, sostuvo Ayelén Alancay, dirigente de la Fundación Mas Vida, la misma ONG que accionó judicialmente contra la provincia de Jujuy frenando el aborto en el caso Esperanza.

Según las palabras del doctor Ángel Romero, el abogado que comanda el equipo legal de la fundación “este nombramiento reviste de nulidad desde el momento que la acusada admitió que no cumplirá cabalmente con el cargo que aspira a ocupar, puesto que el deber de la Defensoría del Niño es justamente velar por el cuidado y defensa de todos los niños, no de algunos, y con mayor atención de aquellos más vulnerables. Hoy no podemos hablar más de humanos de primera y de segunda, pero mucho menos desde un cargo público de Defensoría. Esto es un acto de discriminación absoluta, y la justicia debe intervenir”.

El nombramiento realizado por comisión, debería atravesar un proceso de ratificación por parte del Congreso Nacional, que aún no se expidió sobre un pedido de impugnación previo interpuesto ante la misma.