Por Fabián Ruocco. El director ejecutivo del CEDyAT habla de las bases de un acuerdo al que han suscrito más de 300 expertos de 32 universidades nacionales, 17 universidades privadas, 50 asociaciones civiles y profesionales, centros de gestión, fundaciones, ONG´s, unidades de vinculación tecnológica y sindicatos del sector público junto con 18 instituciones del sector público nacional y provincial de los tres poderes.
Más allá de los resultados electorales próximos, será necesaria una visión superadora para abordar una problemática largamente postergada respecto al tamaño y eficacia de la administración pública del Estado, motivo de preocupación y debate.
El Estado existe para dar respuesta a problemáticas de alta complejidad ya sean ambientales, sociales, económicas, regionales o internacionales. Sin embargo, nos encontramos ante un Estado lento, burocrático y desactualizado. Deberíamos preguntamos: ¿qué es lo que no funciona bien? Este interrogante exige salir de los lugares comunes que la mediocridad nos ofrece como respuesta reactiva, y fomentar la colaboración y participación intergeneracional, mientras se nutre a la próxima generación de profesionales en ascenso para que sean agentes de transformación en sus lugares de trabajo.
Como contraparte, se plantea la necesidad de funcionarios públicos altamente preparados, competentes, imparciales, íntegros y comprometidos con los valores democráticos. Efectivamente, existe una disparidad entre la velocidad de innovación y nuestra capacidad para desarrollar nuevos sistemas acordes al avance que permitan a la ciudadanía aprovechar al máximo estas aceleraciones y amortiguar sus peores efectos. Las nuevas tecnologías tampoco ofrecen en este caso, por sí mismas, el remedio contra la ignorancia.
Un numeroso y plural grupo de académicos, profesores, expertos, investigadores y consultores en materia de Administración y Gestión Pública, venimos impulsando un conjunto de compromisos concretos orientados a la mejora sustancial de las políticas y de las realidades que hacen al funcionamiento de lo público en todos los Poderes del Estado y en todos los niveles de Gobierno -nacional, provincial y municipal-.
Elaboramos una propuesta de consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI, que propone:
1. Cumplir con la Constitución Nacional en el régimen de funcionarios públicos, garantizando igualdad de derecho de todos a ingresar al servicio civil mediante concursos abiertos y transparentes, terminando con la por adhesión política, amiguismo, nepotismo o corporativismo.
2. Construir un Servicio Civil Profesional de Carrera, basado en la acreditación de la idoneidad y el buen desempeño.
3. Planificar estratégicamente, y con sustentabilidad financiera, los planteles de personal, programando dotaciones de personal con visión estratégica y responsabilidad fiscal, asegurando la continuidad de los servicios en las áreas críticas de la Administración.
4. Institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior de funcionarios directivos de carrera.
5. Cumplir principios de empleo digno y decente, terminando con todo tipo de discriminación negativa y precarización o subcontratación laboral, abierta o encubierta.
6. Invertir en capacitación y actualización tecnológica, con una formación continua, actualizada e innovadora en la dimensión técnica, profesional y ética.
7. Jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública, con una gestión profesional para el desempeño laboral del funcionariado.
Este acuerdo ha sido suscrito por más de 300 expertos de universidades nacionales y privadas, asociaciones civiles y profesionales, centros de gestión, fundaciones, ONG´s, unidades de vinculación tecnológica, sindicatos del sector público, e instituciones del sector público nacional y provincial de los tres Poderes.
El flujo de nuevas ideas evitará el estancamiento en el pasado. Invitamos al diálogo franco, abierto y plural para arribar a acuerdos que persistan en el tiempo acorde a los nuevos escenarios.
