La Comisión de Legislación General discutió una iniciativa que actualiza los parámetros para el aumento de los alquileres y extiende el plazo del contrato de dos a tres años.
El Senado volvió a la carga con un nuevo proyecto de ley de alquileres, que este martes fue debatido en la Comisión de Legislación Penal, luego de que la iniciativa perdiera estado parlamentario el año pasado por la falta de tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados.
La discusión tuvo lugar en una reunión de la Comisión de Legislación General, que preside la santiagueña Ada Iturrez de Cappellini, en el salón Atrio del Senado.
La iniciativa fue impulsada nuevamente por la rionegrina Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria-PJ), aunque es otra versión del proyecto aprobado por unanimidad en 2016, que perdió estado parlamentario.
El texto contempla entre sus principales puntos que el aumento de alquiler sea anual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y al Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE).
También se ordena extender de dos a tres años el plazo mínimo para un contrato de alquiler.
El proyecto prevé que el locador deberá declarar el contrato ante el Registro de la Propiedad Inmueble; reducir el depósito en garantía a un mes de alquiler; y llevar a seis meses el plazo mínimo para su rescisión.
En el debate, García Larraburu destacó la colaboración del Frente Nacional de Inquilinos en la elaboración de la norma, sobre la que aseguró que “ha sido modificada y mejorada” en relación a la anterior iniciativa.
La autora del proyecto explicó también que “hoy la situación que están atravesando millones de familias en nuestro país amerita que le demos pronto tratamiento para, de esta manera, cuidar la situación de los inquilinos”.
Puntualizó que “más de siete millones de personas están esperando esta ley, que restablezca las condiciones de igualdad entre las partes y garantice el acceso a la vivienda bajo esta modalidad”.
Deudores morosos
Por otra parte, la Comisión de Legislación General también dio dictamen a la creación del Registro Nacional de Deudores Morosos, una propuesta del senador Julio Cobos (UCR) que contempla la unificación en todo el país de una base de datos que contenga toda la información de los deudores alimentarios inscriptos en los registros de las diferentes jurisdicciones.
“Todo aquel que no cumpla será anotado como deudor moroso con consecuencias y limitaciones para el desarrollo de su vida personal, laboral y comercial, además del impedimento de salir del país que dicte el juez en cada caso concreto”, sostuvo Cobos.
El legislador mendocino resaltó que “los tribunales de todo el país se encuentran atiborrados de reclamos judiciales por incumplimiento de la obligación alimentaria. Entendemos que la creación del RENDAM es una medida positiva para ejercer presión sobre los deudores alimentarios que teniendo algún tipo de recurso, se niegan en forma sistemática a cumplir con el pago de la cuota alimentaria”.
Consideró también que el incumplimiento de la cuota alimentaria “constituye un grave problema social cuya repercusión involucra a muchas personas y familias y no sólo a las afectadas directamente. Esta ley tiene como objetivo fundamental la protección de la parte más débil de la relación desigual que se da entre alimentante y alimentado”.
Foto: Comunicación Senado
