La representante chaqueña en la Cámara Alta María Inés Pilatti Vergara criticó duramente la resolución 276/2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía, que adjudica áreas para la exploración de petróleo y gas en la plataforma continental argentina a empresas del imperio británico.

Para la senadora la adjudicación de 5 áreas de la Cuenca Malvinas Oeste, a dos empresas ligadas al gobierno colonialista isleño “es una entrega explícita de nuestra soberanía, en un territorio donde justamente se perdieron tantas vidas de jóvenes argentinos para salvaguardarla”.

En la misma línea la legisladora denunció la “inconstitucionalidad” de la resolución que no pasó por el Parlamento, y que entre otras cuestiones introduce cláusulas de prórroga de la jurisdicción en los permisos de exploración y/o explotación en favor de tribunales arbitrales extranjeros, alertando, como bien lo indicaron diferentes letrados, que el “Estado sede” de una eventual disputa podría ser el propio Reino Unido.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial el pasado 17 de mayo, informa que el Gobierno nacional adjudicó 18 áreas de exploración hidrocarburíferas a 13 empresas por un valor de 724 millones de dólares, dentro de las cuáles, 5 áreas de la Cuenca Malvinas Oeste, se adjudican a dos empresas ligadas al gobierno colonial isleño.

Este rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de “enajenar los recursos naturales y nuestra propia soberanía” fue plasmado en un proyecto de repudio presentado por Pilatti y acompañado por sus pares del Bloque del FpV-PJ.

En el mismo se subraya que esta decisión sigue engrosando la lista de las políticas impulsadas por la actual administración desde la Cancillería que “apuestan por un enfoque comercial de afianzamiento bilateral con el Reino Unido por sobre el histórico sostenimiento del reclamo de nuestra Soberanía, pacífico pero también ineludible”.

“El gobierno de Cambiemos sigue apostando a la línea del Acuerdo Foradori-Duncan, de naturaleza antinacional, cuya inserción internacional, comprometía a remover todos los obstáculos al desarrollo económico de las Islas Malvinas, incluyendo la explotación de la pesca y de los hidrocarburos, recursos naturales que pertenecen legítimamente a la provincia de Tierra del Fuego”, continúa el mismo.

Por último, en los fundamentos la senadora puntualiza que: “ A comienzos del año, desde el peronismo presentamos un proyecto para que todo instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, cuyo objeto y fin involucre directa o indirectamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, requiera la aprobación del Congreso de la Nación, de conformidad con el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; casi premonitoriamente, pero nada descabellado si se consideran todas las decisiones que tomó este Gobierno en los últimos 3 años”, concluyó.