Los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, promotores del juicio político al ministro de Justicia Germán Garavano, incorporarán a las causales de “mal desempeño” las “irregularidades que se están dando en el programa de protección de testigos”, que depende de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Según los legisladores, son “numerosos” los elementos que dan cuenta de “las torturas y presión psicológica contra testigos admitidos en ese programa”, especialmente “los que tienen que declarar en causas relacionadas con casos de corrupción, con el fin de que involucren a funcionarios del anterior gobierno en esos expedientes”.

Los legisladores advierten que, en varias oportunidades, el empresario Mariano Martínez Rojas, detenido en Ezeiza, denunció que, “luego de negarse a involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en sus declaraciones testimoniales, está siendo amenazado de muerte”.

Asimismo, señalan que la periodista Romina Manguel reveló en el programa Animales Sueltos que al contador Víctor Manzanares lo tenían las 24 horas apuntado con un reflector encendido, uno de los métodos de tortura utilizados en la prisión de Guantánamo. “Estas torturas llevaron a que Manzanares, tras dos años de estar detenido, declarara lo que le pedían desde el Ministerio de Justicia y luego decidiera abandonar el programa de protección de testigos, lo que claramente pone en riesgo su vida”, expresaron.

“En efecto, tras esa declaración, Manzanares decidió abandonar el programa y regresar a Río Gallegos, en donde no tiene protección alguna, y lo que es peor, tampoco la tendrá, si se atiende a las declaraciones del propio Garavano sobre que no tienen recursos para asignarle custodia”, denunciaron Moreau y Tailhade, al tiempo que sostuvieron que “si tenemos en cuenta que han excavado media Santa Cruz, que han allanado decenas de domicilios y oficinas en la provincia, y que hay una delegación de la Policía Federal en aquel territorio, la excusa suena pueril y la decisión sólo se justifica en el desprecio por la vida del testigo”.

Los diputados señalan que “hoy la vida del contador Manzanares corre peligro y por ello hacemos responsable al Gobierno nacional, en particular al ministro Garavano, de su integridad personal”.

Por ello, los legisladores incorporarán al pedido de juicio político contra Garavano las irregularidades en el programa que depende del funcionario, y advierten que de no tomarse medidas “se puede terminar en una situación luctuosa para la democracia argentina”.