La medida -que ya cuenta con aprobación en primera lectura- fue analizada por los vecinos y especialistas en una nueva audiencia pública. Se prevé que obtenga sanción definitiva en los próximos días y solo la votarían favorablemente los 34 legisladores de Vamos Juntos.
A un mes de su sanción en primera lectura y tras la intervención de la Justicia, la Legislatura porteña realizó una nueva audiencia pública en la que se analizó una serie de modificaciones al nuevo Código Urbanístico -sancionado a fines de 2018-, a fin de regularizar la instalación de rejas permanentes en Plaza de Mayo.
La normativa prevé asegurar la instalación de un cerco de seguridad emplazado de modo transversal desde Av. Hipólito Yrigoyen hasta Av. Rivadavia, por detrás de la Pirámide de Mayo, a la altura del eje de las calles Defensa y Reconquista. Ya fue aprobada en primera lectura sólo con los votos de los legisladores de Vamos Juntos y se prevé que en esta nueva instancia ocurra lo mismo.
En el marco de la audiencia, desde dirección general de espacios verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno porteño explicaron que “es un sistema de rejas de las mismas características a las de Casa Rosada. La intención es que estén siempre abiertas al paso peatonal salvo que organismos de seguridad dispongan lo contrario” y resaltaron que “se busca cuidar el espacio público, el patrimonio y a las personas”.
Además los funcionarios informaron sobre el plan que incluyó la puesta en valor de la Plaza de Mayo “con una ampliación de veredas y casi 800 metros cuadrados de nuevo espacio verde”. El proyecto también contempló la restauración de la Pirámide de Mayo e informaron que se tuvo en cuanta el uso cotidiano del lugar y a las grandes movilizaciones.
Cabe destacar que los ciudadanos inscriptos para expresarse en la audiencia se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa; fundamentaron –centralmente- sus opiniones positivas relacionadas a la seguridad mientras que cuestionaron la restricción del uso del espacio público.
Los vallados de seguridad aparecieron en ese paseo emblemático a fines de 2001 y comienzo de 2002, como contención metálica inicialmente precaria para protección de la sede gubernamental durante manifestaciones populares. En los siguientes años las vallas se ampliaron, aferraron, soldaron y/o cementaron; incluso en 2013 se colocó una reja.
En 2018 la Jefatura de Gobierno inauguró importantes remodelaciones en la plaza, entre ellas la colocación de una reja permanente, de mejor calidad estructural y estética, con portones para permitir o restringir el ingreso a la mitad de la plaza más próxima a la Casa Rosada, ya fuere para peatones o para vehículos que deban transitar por las calles Yrigoyen o Rivadavia.
Por acción de una ONG que presentó un recurso de amparo, el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nro. 8, a cargo del juez Osvaldo Otheguy, declaró ilegal a ese cerco por no haber sido autorizado por ley, ya que se trata de un Área de Protección Histórica Específica.
Es así que el oficialismo metropolitano explicó que “se contempló la instalación de un cerco dispuesto transversalmente a cargo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, por solicitud de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. En la actualidad, consta de un sistema de rejas compuestas por columnas y paños que conservan y respetan el estilo de aquellas que rodean la Casa Rosada. El sistema es estático y manual en cuanto a su funcionamiento y, a diferencia de las vallas, permite ser parcialmente desmontado”.
El proyecto llegó al recintos de sesiones acompañado por los informes técnicos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; una nota del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, “que presta conformidad con el proyecto, entendiendo las circunstancias de coyuntura que propician su necesidad”, y sendos dictámenes del Consejo del Plan Urbano Ambiental y de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico.
Finalmente, la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos objetó la instalación de la reja expresando que “implica una división física permanente que fragmenta la lectura integral de este espacio público” y la colocación de “elementos permanentes es contrario a la preservación patrimonial, cultural y social de este ámbito urbano tan significativo”. Por su parte, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el 30 de octubre de 2018, basó sus argumentos en cuestiones de seguridad y no se expidió en términos patrimoniales.
Participaron de la Audiencia Pública los diputados Victoria Roldán Méndez, Lía Rueda, Sol Méndez y Gonzalo Straface (VJ).
FOTO: Comunicado Legislatura porteña
