Desde la Corte Suprema hubo un fallo unánime en la República Argentina defendiendo la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. Estaba en juego nada más y nada menos el sí o el no a la minería en zona de glaciares, pues hay decenas de proyectos mineros listos para iniciarse en el país si se levanta la protección de los glaciares y del ambiente periglacial que rige desde el 2010.

El fallo debía ser simple, defender los derechos colectivos y los presupuestos mínimos ambientales respecto a un recurso tan delicado y tan importante como son los glaciares, ante la agresión y el avasallamiento del sector minero que ya ha demostrado en reiteradas ocasiones no importarles el recurso de hielo cuando se trata de poder extraer minerales para ganancia propia. Pero claro, con esta Corte nunca se sabe. Siempre pueden aparecer intereses económicos, sobornos, arreglos oscuros con los poderes mediáticos, extorciones o favores políticos a pagar que enturbian las aguas de la justicia. Ya conocemos bien a esta realidad judicial de la Argentina. El propio Presidente de la Corte admite semejantes irregularidades.

Son más de 20 mil glaciares en los Andes de los que dependen los argentinos y los ecosistemas de la región, para su abastecimiento hídrico. Estos glaciares y los suelos congelados en la región andina conservan agua en forma de hielo, regulan las cuencas y abastecen hídricamente al país durante todo el año, especialmente durante meses calurosos y en épocas de sequía.

Son más de 20 mil millones de dólares los que están congelados hace casi una década esperando una resolución de este caso. Barrick Gold (Pascua Lama, Veladero, Del Carmen), Glencore (El Pachón), McEwen Mining (Los Azules), Stillwater (El Altar), Meryllion Gold (Cerro Amarillo), son solamente un puñado de los mineros y proyectos mineros repartidos en provincias como San Juan, Mendoza, La Rioja, y Catamarca que tienen concesiones mineras en zona de suelos congelados saturados en hielo, y el problema para estas empresas es que el suelo de sus concesiones está protegido por ley.

La Ley de Glaciares fue votada en el año 2008, cuando nadie hablaba de glaciares, y la mayoría de los argentinos solamente conocían a un solo glaciar, el Perito Moreno en la Patagonia – el glaciar más visitado del continente americano. Nadie se imaginaba que en el país había decenas de miles de glaciares y que no estaban solamente en la Patagonia, sino en provincias como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan – y que todos estos, especialmente los más pequeños, eran fundamentales para el caudal de los ríos. El borrador de la Ley de Glaciares, su primer versión redactada por Marta Maffei, una congresista de la provincia de Rio Negro, circuló a finales del 2008, calladamente por ambas cámaras del Congreso, de la mano de la entonces Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, una activista ambientalista que había sido nombrado a liderar la máxima autoridad ambiental federal. Picolotti buscaba la manera de ejercer control sobre la minería a gran escala y fue quien insertó en el proyecto de ley de Maffei, el poder de la contraloría ambiental del Gobierno federal a favor de la protección de los glaciares. El interés de Picolotti en proteger a los glaciares fue inspirado por el reclamo de comunidades sanjuaninas, como la comunidad de Jáchal, que viajó expresamente a visitarla para pedirles controles a los mineros pues estaban dañando glaciares y nadie hacia nada.

Esto se contrapuso a las intenciones de la Secretaria de Minería, quien al contrario, ignoraba el valor hídrico de los glaciares y de los suelos congelados y empujaba fuertemente la inversión minera a cualquier costo ambiental – tal fue el ensañamiento de los funcionarios mineros en provincias como San Juan que le sacaron la jurisdicción sobre el control minero a la autoridad ambiental de la provincia, poniéndola en manos del ministro de minería, efectivamente encomendando al lobo el cuidado de las gallinas. Pero como nadie entendía lo que había detrás de la Ley de Glaciares, el proyecto de ley presentado por Maffei, y acompañado por la Secretaria de Ambiente con algunas clausulas de refuerzo, no recibió ni la más mínima oposición y se aprobó unánimemente en ambas Cámaras del Congreso – a ninguno de los congresistas, inclusivo a los más ultra mineros del grupo y de provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca – donde realmente habría un conflicto a flor de piel con la ley, se lo ocurría que esa ley, tan simpática pues apuntaba a proteger a un recurso que todos parecían estar de acuerdos en proteger, se convertiría en el debate ambiental más importante de la historia argentina.

La ley se aprobó, pero con el lento pasar de las horas, las empresas mineras se empezaron a dar cuenta de lo que había sucedido. Fue Barrick Gold el que saltó primero cuando la ley recién aprobada llegó a las manos de su gerencia en Canadá. Barrick era la empresa que más perdería con la ley – el proyecto Pascua Lama, casi listo para arrancar y valorado en más de US$10 mil millones estaba en enorme riesgo. Barrick ya había admitido en sus informes de impacto ambiental que estaba rodeado de glaciares y que el mismo proyecto estaba ubicado sobre ambiente periglacial. Esto era impermisible, e ilegal según la ley. Debería frenar sus operaciones inmediatamente.

A pocas horas de la aprobación de la Ley de Glaciares a fines del 2008, el CEO de Barrick Gold, Peter Munk, levantó el teléfono y logró un veto presidencial que dicho sea de paso, se justificó y se fundamentó muy abiertamente en la necesidad de proteger al sector minero – el conflicto de los mineros con la Ley de Glaciares no puede estar más claro de lo que reza la justificación del veto. Picolotti, instrumento clave en la aprobación de la ley, tuvo que renunciar como secretaria de Ambiente. La puja entre la protección de los glaciares y la explotación minera se puso instantáneamente al rojo vivo.

En reacción al veto, despertaron y explotaron las voces a favor de la protección del hielo, ONGs y ciudadanos comunes se enteraron y se empezaron a informar por primera vez sobre la problemático que surgía en la alta montaña. Se enteraron que en La Rioja, en San Juan, y hasta en Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán, había glaciares y que inclusive había hielo por debajo de la tierra en el ambiente periglacial. Todo esto era nuevo, y todos empezaron a aprender sobre glaciares, sobre suelos congelados, y sobre la relevancia de estos recursos en provincias donde antes nadie sabía que existían. Hasta el mismo secretario de Ambiente de la provincia de La Rioja, un tal Brizuela, (sea por ignorancia o por complicidad con el sector minero) aducía que en el Famatina no solamente no había glaciares, sino que ni siquiera caía nieve.

La sociedad en general salió de un día para otro, a protestar en contra del veto y a favor de la protección del hielo. La lucha, personificada en las figuras de Miguel Bonazo y Daniel Filmus en el Congreso, quienes tomaron la batuta del debate, duró dos años, pero ni Barrick Gold ni los funcionarios mineros federales o provinciales pudieron impedir que la ley volviera a finales del 2010 con un voto favorable ajustadísimo, un voto que devolvió la protección del hielo a los argentinos. Fue la primera ley del mundo de protección de glaciares, y lo es hasta el día de hoy. Solamente en Chile y en Kirguistán se intentó aprobar una ley de glaciares, y en ambos casos, el sector minero frenó el intento.

La presidente había prometido que no vetaría la ley si ya habiendo un debate abierto volvía a ser aprobada, y así fue. La ley se firmó y se promulgó. Luchando para salvar su controvertido proyecto Pascua Lama, Barrick Gold, apoyada por la provincia de San Juan, inmediatamente atacó a la flamante Ley de Glaciares en los tribunales, sabiendo que la Justicia argentina es permeable a la influencia externa. Y así fue también, y en tiempo record, en menos de 24 horas, logró la suspensión de la ley. Muchos aludieron a coimas ofrecidas al juez federal sanjuanino para que fallara a favor de la empresa. Barrick también sabía que por más que eventualmente tuviera un revés judicial (lo que al año sucedió), el tiempo de la Justicia Argentina es como el de los glaciares, frio y lento. Pueden demorar décadas los casos que llegan a la Corte. Seguramente pensaron que con el pasar del tiempo, por cansancio y/o por abandono, saldrían con la suya y la justicia, tantas veces manipulada por el poder de turno, terminaría favoreciéndoles y favorecería a la minería por encima de la protección del hielo.

Mientras que Barrick Gold (dueña de los controvertidos proyectos de Veladero y Pascua Lama – ambos clausurados por problemas ambientales), y la provincia de San Juan, insistieron con el avance minero a pesar de la nueva Ley de Glaciares, la inversión minera en las zonas de glaciares se congeló, esperando más claridad – esperando este fallo que finalmente hoy salió. El Pachón (proyecto de Glencore) que estaba listo para avanzar con su emprendimiento valuado en unos US$8 mil millones, se frenó. Los Azules (McEwen Mining) de unos US$5 mil millones también. Y así, uno por uno, los proyectos mineros en zona de glaciares y ambiente periglacial, listos para arrancar, pasaron al frízer esperando claridad judicial.

Funcionarios sanjuaninos, como Sergio Peralta, a cargo del inventario de glaciares de la provincia, argumentaban que no había glaciares en zonas mineras, comentario que con el tiempo fue quedando en ridículo. Lobistas mineros como Mario Capello, desde la Secretaria de Minería de la Nación, intentaron maniobras para hacerle un golpe a la ley de glaciares modificando su contenido e intentando modificar la definición de glaciares para viabilizar la minería. Y los sucesivos ministros de Ambiente que sucedieron a Picolotti, todos, ignoraron su poder de control al sector minero y su responsabilidad de proteger el hielo. Los nombraron justamente para que no molestaran con controles sobre lo que no se quería controlar. Se escondían detrás de la falsa idea que el inventario de glaciares no estaba terminado, que demoraría, y que no se sabía sobre los impactos mineros en glaciares, cuando todos sabían exactamente donde estaba la minería y donde estaban afectando glaciares.

Los inventarios prioritarios en zonas mineras y los estudios de impacto por proyectos mineros existentes en zona de glaciares que se deberían haber realizado según la ley hace ya casi una década, nunca se hicieron. Y el inventario de glaciares, que debería haberse realizado en 5 años demoró casi 10, y así y todo, dejó afuera a la mayoría de los glaciares del territorio Argentino, cosa que aun nadie termina de entender. Hay más del doble de glaciares de lo que indica el inventario nacional a raíz de que hay innumerables glaciares no contabilizados en el inventario por ser (al criterio de la autoridad pública) demasiado pequeños según el criterio técnico del inventario, si bien en su conjunto, representan un enorme valor hídrico – pero de eso aun nadie habla. Tampoco se inventariaron los glaciares de escombros y todos los elementos del ambiente periglacial, como también obliga la Ley. Tampoco se habla hoy de esta laguna del incumplimiento de la Ley de Glaciares.

Y así llegamos a la decisión de hoy que sale de manera unánime entre los jueces de la Corte Suprema. El fallo sucede con un gobierno de turno (al igual que el anterior) que no quiere la Ley de Glaciares y prefiere avanzar con minería, y con empresas mineras esperando largar con sus proyectos de oro, plata y cobre, y con una sociedad que, consciente del cambio climático y la necesidad de virar la dirección insostenible de la industria a cualquier precio, se inclina fuertemente a la protección del hielo, pues al final de cuentas, el agua vale más que el oro.

Y también llegamos a este fallo con una Corte Suprema golpeada por acusaciones de corrupción y de manipulación de casos por razones políticas. Barrick Gold ya estaba golpeada y frenada con Pascua Lama porque en Chile donde la Justicia ya fue contundente desde el 2012 cerrando el proyecto por contaminación ambiental. En Argentina, los jueces ya no tenían nada que perder, ni Barrick podía inclinar la balanza judicial a su favor, pues aun con un fallo favorable, difícilmente podrían levantar Pascua Lama.

El fallo esta vez, y con nada que perder, y toda la imagen de la Corte por recuperar ante la reciente y fuerte crítica social por manipular casos por coimas y favores políticos, fue favorable a la protección del ambiente. Dijo todo lo que debía decir, aludiendo al cambio climático y a la necesidad de defender a los derechos colectivos. Lindo fallo, sí, aunque muy tarde, diez años más tarde de lo que debería haber demorado, pero un fallo favorable al fin. La victoria del hielo vale lo mismo. Claro, es importante para la sociedad, para las organizaciones ambientales, y para quienes luchan por un mundo mejor, no bajar la guardia, y saber que los jueces en cualquier momento, se dan vuelta y favorecen inescrupulosamente a los contaminadores.

Esta vez reinó la razón, por la razón que fuere, y se favoreció a la protección del planeta y de los glaciares. Festejemos el fallo.