El caso de los proxenetas de Rafaela sorprendió por las lujosas propiedades y la gran cantidad de bienes secuestrados, valuados en más de 15 millones de pesos. Lamentablemente, esas cifras millonarias no deberían llamar la atención: según organismos internacionales, la trata de personas es el tercer delito más rentable del mundo, detrás del tráfico de armas y del narcotráfico.

Entre 2008 y 2018, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el delito de Trata (PNR) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, rescató y/o asistió a 13.384 víctimas. El 54% fue víctima de explotación laboral; mientras que el 46% restante fue víctima de explotación sexual. En el PNR trabajan profesionales en la temática, que acompañan a las Fuerzas de Seguridad en los allanamientos para tener el primer contacto con las víctimas. Éste no es el primer allanamiento que se realiza en Santa Fe: entre 2017 y 2018, el PNR rescató y/o asistió a 46 víctimas (de un total de 2.731 en el país) en toda la provincia.

A su vez, según datos de la UNODC de Naciones Unidas, Argentina es uno de los países con mayor número de sentencias por el delito de trata de personas: 317 para ser exactos, desde la sanción de la ley 26.364 en el 2008; de las cuales 270 fueron condenatorias. El Estado viene logrando importantes avances en la temática, que en los últimos años se ven reflejados en la puesta en marcha del Consejo Federal contra la Trata en 2016 (donde se reúnen todas las provincias, los organismos nacionales pertinentes y representantes de la sociedad civil); la presentación que se realizó el 31 de julio de 2018 del primer Plan Nacional Bienal contra la Trata y Explotación de Personas (un Plan que comprende 111 acciones y donde están involucrados más de 50 organismos); la calificación como Tier 1 (la máxima posible) a nuestro país que realizó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por cumplir “plenamente con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas”. Desde 2011, Argentina era calificada con la categoría Tier 2, en la que figuran los países cuyas acciones en esta materia son insuficientes.

Sin embargo, más allá de los esfuerzos que el Estado nacional realiza para la lucha contra estos delitos, aún quedan varios desafíos que nos interpelan a seguir trabajando con mayor compromiso. Uno de ellos, quizás el principal, es garantizar una política de reparación a las víctimas de trata y explotación. Todos los bienes incautados, la ganancia que produce el delito a costa de la explotación de las víctimas, deben ser devueltos a ellas. Con este espíritu, el 22 de mayo pasado, el Senado de la Nación dio media sanción por unanimidad al proyecto que crea el “Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata”, una herramienta clave para asistencia y reparación a las víctimas. Esperamos que la Cámara de Diputados prontamente lo trate en el recinto y lo convierta en Ley.

Los autos lujosos, las propiedades, el dinero que en este caso han logrado ser incautados, deben ser re-dirigidos para garantizar a las víctimas de estos delitos una reparación integral. Las personas víctimas de trata y explotación deben poder reconstruir un proyecto de vida. Y el Estado tiene que hacer todo lo humanamente posible para garantizarlo. Éste es nuestro compromiso. Seguiremos trabajando para desestructurar las redes de trata y explotación de personas, y para garantizar una política de asistencia, protección y reparación integral.