La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Pablo Tonelli (Pro) escuchó este miércoles a especialistas que aportaron su visión sobre la nueva Ley de Ética Pública, en la última reunión informativa sobre el tema, que se desarrolló sin quórum.

Según se acordó a fines de mayo, un grupo de diputados de la comisión -a designar en los próximos días- tendrá la tarea de consensuar y unificar los proyectos presentados, entre ellos uno del Poder Ejecutivo, que se tomará como base.

“Celebramos esta reunión el día que un exfuncionario público fue condenado a la pena de seis años de prisión por el escándalo del robo que vimos todos: los bolsos con dinero revoleados en un convento”, señaló la diputada macrista Silvia Lospennato en alusión a José López.

Lospennato resaltó que “la buena noticia es que esos 9 millones de dólares expoliados a la ciudadanía van a ser devueltos a dos hospitales públicos, el Garrahan y el Gutiérrez”, y elogió “la decisión de la Justicia de trabajar con celeridad”.

Además, la diputada exigió que una vez culminado el debate sobre ética pública, la comisión se aboque al tratamiento de los proyectos de “ficha limpia”, para que aquellos que tengan una condena confirmada en materia de corrupción no puedan ser candidatos a cargos públicos electivos, y así “ampararse en sus fueros para no cumplir con sus obligaciones ciudadanas”.

Por su parte, la radical Karina Banfi planteó: “Tenemos que entender a la corrupción como un virus dentro del sistema democrático, y el antivirus es la transparencia en la integridad”.

Banfi se refirió al “temor que tienen muchos legisladores y funcionarios cuando se habla de conflicto de intereses”, y en ese sentido consideró que si éstos adoptan la transparencia como práctica, “no van a tener ningún problema” al finalizar sus gestiones, y se terminará la idea de la “persecución”.

“La transparencia nos blinda en la gestión. Hay que desmitificar el sentido ideológico que se le da a determinados conceptos. Hay que pensar que la transparencia no tiene ideología, sino que nos toca a todos”, insistió.

En tanto, Guillermo Carmona (Frente para la Victoria-PJ) advirtió que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo “está por debajo de los estándares internacionales de la OCDE, de organismos de Naciones Unidas y países occidentales, por lo menos en términos del conflicto de intereses”.

En ese sentido, el mendocino señaló que “no hay una regulación del ingreso a la función pública”; que simplemente se plantea “la renuncia a la empresa de la cual se proviene” el funcionario en cuestión; y que “la creación de un fideicomiso ciego no es el mecanismo óptimo para evitar estas situaciones”.

Durante la reunión, el abogado Diego Alonso, representante del Colegio de Abogados de la Ciudad, destacó en términos generales que se trata de “una norma que toca los aspectos esenciales de esta temática” y que abarca “cuestiones que estaban dispersas en normas de inferior jerarquía”.

Además, resaltó que “tiene los incentivos necesarios para que sea eficaz”, y al momento de hacer observaciones, pidió ajustar la redacción sobre el nepotismo en los casos en que “dos funcionarios designan recíprocamente a familiares vinculados a cada uno en la jurisdicción del otro”.

Ramiro Cabrero, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, sostuvo que la ley es “un avance importante y necesario” y señaló que “sería bueno que haya un buen nivel de seguimiento para que los tres poderes del Estado tengan una persecución paralela”.

Por su parte, Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), consideró “valiosa” la regulación del conflicto de intereses en todo el Estado, y también ponderó la ampliación de las declaraciones juradas patrimoniales a otros sujetos y con mayor requerimiento de información.

Sin embargo, advirtió que “se requiere una autoridad fuerte e independiente” para controlar el cumplimiento de la ley, ya que “hay muy buenas obligaciones, pero un pobre sistema respecto de las sanciones”.

También expusieron, entre otros, Alejandra Freire, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE); Dalma Parisi, del Grupo de Integridad de IDEA; y Mercedes de los Santos, de la Fundación Directorio Legislativo.

FOTOS: Bloque de diputados FpV-PJ.